Francisco González, expresidente del BBVA, estaba interesado en comprarse una propiedad. Valoró distintas fincas en Toledo, Baleares, Marbella y Madrid. «El señor González finalmente adquirió la finca situada en Marbella», asegura el banco en un documento enviado en julio pasado al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la relación entre la entidad financiera y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. A hacer esa valoración de una compra puramente personal le ayudaron las empresas del policía, según descubrió la investigación forensic que encargó el banco tras estallar el escándalo. 

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Cenyt, la empresa de Villarejo, elaboró en 2014 informes sobre «la búsqueda y adquisición de fincas por parte de don Francisco González Rodríguez, así como sobre la utilización privada del avión corporativo», asegura el documento, que figura en el sumario, al que tuvo acceso EL PAÍS. Cenyt investigó para los intereses privados del expresidente a dos empresarios relacionados con la empresa Rochester Ibérica, propietaria de una finca llamada Hernando, en El Escorial. Estos trabajos no estaban amparados por un contrato escrito, subraya el banco. 

El BBVA atribuye al director de Riesgos del grupo entre 2008 y 2014, Antonio Béjar, la responsabilidad de haber dado el visto bueno a estos trabajos. En el escrito asegura que ha localizado correos entre Béjar y el director del gabinete del expresidente en los que se intercambian documentación registral acerca de esta sociedad. Les interesaban las inscripciones registrales que pudieran afectar a la enajenación de la finca. También trataron del envío a González de información relativa a la financiación de la finca. 

Villarejo presumía de contar con agentes en activo

La Fiscalía Anticorrupción cree que el BBVA sabía desde el primer contrato con el entramado de Villarejo que los encargos eran ilícitos. La división de inteligencia empresarial de Cenyt, V&V Developments, presumía en la documentación que entregaba a potenciales clientes de ser una «una organización dirigida y coordinada por miembros de Seguridad del Estado en situación administrativa de disponibilidad». 

Béjar es el único despedido por el BBVA sin indemnización ni derecho a pensión. El banco siguió trabajando con las empresas de Villarejo hasta 2017, es decir, tres años después de la marcha de Béjar. La entidad envió a este directivo un documento acusándole de actuaciones irregulares el 26 de julio de 2019, el mismo día que Béjar declaró en la Audiencia Nacional ante el juez Manuel García Castellón y los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. 

El trabajo encargado a Villarejo para investigar a los propietarios de las fincas que valoraba comprar González no tenía contrato pero sí nombre en clave, como el resto de encargos que el comisario realizó para el BBVA. Se llamaba Rick-Perspectiva y fue entregado el 9 de enero de 2014, según explica el banco en el pliego de cargos que envió a Béjar. El informe incluía datos personales sobre Joaquín de Arespacochaga, de su entorno familiar, experiencia empresarial, patrimonio y su relación con procedimientos judiciales. Un informe muy similar se entregó el 12 de febrero sobre Luis Carlos Palacios y la finca de El Escorial. 

En su declaración ante el juez, González aseguró que «nunca» había oído hablar del proyecto Rick y aseguró que se sorprendió cuando se enteró por la prensa de su existencia. 

“Beneficio exclusivo y personal del expresidente”

En el pliego de cargos contra Béjar se habla de otra finca más, en La Granja. «La participación, gestión y conocimiento de esta actuación para el expresidente es contraria al código de conducta del grupo por cuanto se trata de informes para el beneficio exclusivo y personal del expresidente interesado en una compra personal», asegura el escrito que le enviaron el día de su declaración en la Audiencia Nacional. Es el día que consta como de inicio de su expediente disciplinario.

El documento le dice a Béjar: «Usted era uno de los verificadores de la prestación de servicios y autorizaciones de pago de las facturas emitidas por Cenyt, habiendo aparecido notas manuscritas suyas rogando se proceda al pago de las facturas». 

El BBVA también reconoce en este escrito que los contratos Fish y Gate resultaron en el pago de 7,2 millones de euros al entramado empresarial de Villarejo. «Sin que al final la entidad consiguiera recuperar ningún bien como consecuencia de las investigaciones». En uno de los correos que analizó el informe forense encargado a PwC, Uría y Menéndez  y Garrigues, se lee que Rafael Redondo, socio de Villarejo, le dice que el pago de lo correspondiente a la investigación realizada sobre Luis Portillo (de Inmobiliaria Colonial) «sería un detalle precioso para Nochebuena o Reyes». 

Fuente: El País