Les reprocha igualmente un intento de inmiscuirse en la autonomía del Ministerio Fiscal

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) –

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha acusado a los siete vocales que votaron en contra del nombramiento de Álvaro García como fiscal general, y emitieron un voto particular al ver en él falta de imparcialidad por su cercanía al Gobierno, de hacer un uso «partidista» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tratar de inmiscuirse en la autonomía del Ministerio Fiscal.

«La Unión Progresista de Fiscales censura públicamente la utilización partidista que siete vocales del CGPJ, elegidos todos ellos a propuesta del Partido Popular (Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona), han realizado en un voto particular», ha dicho la UPF en un comunicado.

En la misma línea, la asociación de fiscales ha considerado «muy alarmante y perturbador que el CGPJ, a través de estos vocales firmantes, se inmiscuya en la autonomía del Ministerio Fiscal que es un órgano constitucional que no debe ni puede estar sometido a la valoración política del CGPJ».

«La deriva que está tomando en los últimos tiempos una parte del sector de la justicia de este país es muy preocupante. Confiamos que la lógica, la razón y la ética profesional se recuperen cuanto antes», ha rematado.

UPF, de la que fue presidente García Ortiz, ha reprochado a estos vocales que hayan emitido un voto particular que «contiene manifiestas y alarmantes falsedades, carece de rigor jurídico, se pronuncia sobre procedimientos judicializados y refleja, además, un profundo y preocupante desconocimiento de la Fiscalía española».

Así, de un lado, la UPF se ha referido al hecho de que los siete vocales vincularan a García Ortiz con «circunstancias nada claras y perjudiciales para el crédito del Ministerio Público, como los expedientes seguidos en relación con el fiscal Ignacio Stampa, o la respuesta proporcionada a la Sala del Tercera del Tribunal Supremo para insistir en nombramientos relevantes de la Fiscalía declarados nulos».

UPF ha recriminado que «el voto particular hace referencia y se posiciona sobre unos hechos judicializados, invadiendo competencias y socavando la independencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo».

EL TRABAJO DE LA FGE

Igualmente ha contestado a la afirmación de que durante el mandato de García Ortiz al frente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE) «no se ha formulado ni una sola circular que contribuya a la formación de doctrina o a esclarecer el sentido de las leyes o la jurisprudencia».

«Hubiera sido fácil constatar la publicación por la ex fiscal general del Estado de tres instrucciones y dos circulares mientras el candidato a nuevo fiscal general ostentaba la jefatura de la Secretaría Técnica», ha replicado UPF.

En este sentido, ha detallado que se trata de una instrucción sobre las ocupaciones inmobiliarias y los allanamientos de morada, otra instrucción sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades de salud mental y centros residenciales y/o sociosanitarios y una última sobre criterios de actuación en los recursos contenciososadministrativos en relación con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2021.

En cuanto a las dos circulares, ha precisado que «tuvieron por contenido los plazos de la investigación judicial y el tratamiento de la competencia territorial en el orden jurisdiccional civil».

«Con una mera comprobación del Boletín Oficial del Estado, en lugar de asumir acríticamente informaciones transmitidas de forma malintencionada o –peor aún– falseando directamente la realidad, las y los vocales firmantes del voto particular hubieran advertido la falacia de su afirmación», ha afeado.

«PALMARIO» DESCONOCIMIENTO

Además, ha recordado a los firmantes del voto particular que bajo el mandato de la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la FGE «informó, por vez primera, un texto prelegislativo sobre el nuevo modelo de justicia penal, el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020, que contó con la participación de toda la carrera fiscal».

En consecuencia, ha considerado que «el desconocimiento sobre las funciones, competencia y responsabilidad del cargo de fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la FGE es palmario» por parte de esto siete vocales, subrayando que «la doctrina del Ministerio Fiscal es exclusivamente del o de la fiscal general del Estado».

Con todo, UPF ha denunciado que «en este voto particular una minoría del CGPJ induce a error a la ciudadanía al realizar una valoración de datos y hechos falsos que, lejos de haber sido objeto de expediente alguno al que hayan podido tener acceso, han sido obtenidos y dados por válidos mediante informaciones periodísticas sesgadas y no contrastadas».

Fuente: Europa Press