La negociación del ajuste de empleo y de bases por parte de Ryanair en España ha dado esta mañana un giro importante: personal del Ministerio de Trabajo ha entrado a controlar, en una iniciativa prácticamente sin precedentes, que la aerolínea irlandesa cumple con la legislación vigente en lo que toca a expedientes de regulación de empleo.

Empresa y sindicatos se reúnen tanto hoy como mañana en un hotel cercano al madrileño aeropuerto de Barajas, cita en la que prestan asistencia un consejero técnico de la Dirección General de Trabajo y un inspector de la Dirección Especial de Trabajo y Seguridad Social. En este caso han sido los sindicatos, Sepla, Sitcpla y USO, quienes han solicitado esta medida tras enviar a la Dirección General de Empleo un escrito en el que enumeraban lo que desde su punto de vista son irregularidades en el proceso de consultas del ERE.

Fuentes involucradas en las negociaciones explican que las tres fuerzas sindicales recibieron ayer un oficio de la subdirección general de Relaciones Laborales en el que se avisaba de la citada intervención. Se trata de un control absolutamente inusual por parte de Trabajo, previsto en el reglamento de los procedimientos de despidos colectivos, suspensión de contratos y reducciones de jornada (Artículo 10 del Real Decreto 1483/2012). Fuentes jurídicas aluden al ERE de Telemadrid, de comienzos de 2013, como precedente.

Supuestas irregularidades

Los representantes de pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros hablan de la falta de un plan de recolocación, después de que la aerolínea haya ofrecido puestos en Polonia para reforzar a la filia Buzz, en Reino Unido para trabajar en Ryanair DAC UK o en Croacia para integrarse en Air Malta; el silencio ante las peticiones de información de la parte social, o la presentación de documentación que los representantes de la plantilla tildan de incompleta.

El rol que juegan los representantes de Administración esta mañana y en el nuevo encuentro fijado para mañana viernes es el de «asistencia en el proceso para velar por la efectividad y legalidad del mismo», explican las centrales.

Ryanair y sus agencias de colocación Crewlink y Workforce tiene anunciado el despido de 432 trabajadores de sus bases de Girona y Canarias: 327 tripulantes de cabina y 105 pilotos. Tanto USO como Sitcpla han insistido en las últimas semanas en que las causas del ajuste no han sido justificadas. Del total, 220 corresponden a tripulantes contratados directamente por Ryanair; 85 a tripulantes contratados por la agencia Workforce, y otros 22 son tripulantes ligados a Crewlink.

El cierre de bases de la aerolínea con mayor volumen de tráfico en España coincide con la quiebra del touroperador británico Thomas Cook, lo que ha puesto en jaque especialmente la conectividad de los archipiélagos canarios y balear. En este contexto, el Gobierno estaría especialmente sensibilizado ante el paso decidido por la low cost que dirige Michael O’Leary.

El sindicato de tripulantes de cabina Sitcpla llevó el mes pasado el conflicto ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Allí reclamó que autoridades europeas monitorizaran un seguimiento de las prácticas laborales de la ‘low cost’ y obligaran al cumplimiento de la normativa de cada país en que opera. La Comisión dio el visto bueno a la petición y se comprometió a notificar a Ryanair su preocupación por los trabajadores y clientes.

Desde el Parlamento Europeo también se iba a contactar con los ministerios de Trabajo de los estados miembros de la UE en busca de información sobre el modo de trabajo de Ryanair y la constatación de que cumple la legislación europea en lo que toca a su relación con los empleados. Otra medida desde el Parlamento es la de apoyar a los miembros de la comisión del diálogo social, a quienes se insta a la aplicación de la legislación social europea. El Parlamento habría involucrado a las comisiones de Empleo y Transporte en el control a Ryanair, y hacer seguimiento de los dos grupos de trabajo ya existentes.

Fuente: Cinco Días