La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer que la fiscalidad ambiental es “una asignatura pendiente” para impulsar la transición energética por lo que dejó entrever que habrá nuevos impuestos de este tipo que se sumarán a la tasa Google y al impuesto a las transacciones financieras. “Quedan pendientes actualizaciones similares en el área ambiental”, afirmó.

 Así se expresó Ribera en su primera comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, donde presentó las líneas maestras de su ministerio en la nueva legislatura. A este respecto, señaló que, en 2017, España logró recaudar 21.382 millones de euros en concepto de impuestos medioambientales y que, a pesar de ello, permanece por debajo del promedio de la OCDE. Respecto al PIB esta cifra supone un 1,83%, lo que sitúa a España por debajo de la media de la UE (2,4%).

Ribera lamentó que muchos tributos medioambientales no definen ni se vinculan a las externalidades ambientales negativas, que no tienen el alcance espacial adecuado o no lanzan las señales correctoras.

Citó también otras prioridades, como el fomento del uso de renovables y su integración en redes inteligentes para la sustitución de la generación eléctrica convencional o el impulso de la electrificación de la economía, especialmente en el sector del transporte. Una prioridad será la defensa de los intereses del ciudadano-consumidor, haciendo hincapié en la reducción de la pobreza energética, el impulso a precios de consumo eléctrico más competitivos (para ciudadanos y empresas) y el estímulo del autoconsumo.

Para ello, Ribera quiere desplegar cuanto antes un marco regulatorio más propicio que permita clarificar y dotar de transparencia el acceso y conexión a las redes de electricidad, agilizar la tramitación de plantas generadoras con energía renovable, eliminar barreras al despliegue del vehículo eléctrico y aplicar la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. En este sentido, apostó por “ordenar el aluvión de solicitudes” recibidas, y también por facilitar la “hibridación” de plantas, renovables para así aumentar su capacidad de generación.

Por último, se comprometió a consolidar una transición justa con la participación de los agentes sociales y administraciones afectadas por el cierre de las centrales térmicas y las nucleares. En este sentido, anunció la creación de un Instituto de Transición Justa. Según Ribera, la mayor penetración de las renovables explican la bajada de los precios en el mercado mayorista eléctrico en el último año e, incluso, más allá. Indicó que cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2018 el precio del pool era de 60,33 euros MWh y hoy está en 59,95 euros/MWh, con un descenso del 17% en 2019, según los datos facilitados de la vicepresidenta. del 17% Los futuros este año avanzan entre 40 y 42 euros MWh.

También destacó el desarrollo regulatorio del autoconsumo, que ha permitido que la potencia eólica instalada esté próxima a 1 GW, el doble.

Anticipar los costes sociales por el cierre de térmicas

La vicepresidenta para la Transición Ecológica anunció ayer que a principios de marzo espera firmar un acuerdo tripartito entre Administración, empresas y sindicatos sobre “el futuro de las centrales térmicas”. Durante su comparecencia en el Congreso, Teresa Ribera reivindicó que “sin pleno consenso, participación y complicidad” para “definir” un futuro para las regiones afectadas por el cierre, “es difícil que estas estrategias tengan éxito. Tenemos muchas experiencias debido a una mala identificación o insuficiente apropiación de alternativas”, dijo. Y apostó por “anticipar” los costes sociales y plantear medidas que minimicen los efectos negativos del cierre de plantas para diversificar la actividad económica y encontrar “oportunidades de empleo”.

Fuente: Cinco Días