México enfrenta importantes retos fiscales. Por una parte, su recaudación es muy baja: los ingresos tributarios como proporción del PIB (únicamente el 14%) no solo son los menores de la OECD, sino que también lo son al compararlos con otras economías latinoamericanas. Por otra parte, el margen de maniobra para aumentar el gasto es muy reducido. Si bien la deuda como porcentaje del PIB —ahora en el 45%— no parece particularmente alta, no existe demasiado espacio para aumentarla, ya que los costes de servicio de deuda son muy elevados.

En este contexto, la nueva Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado señales positivas al mostrar su compromiso con cumplir sus objetivos de superávit fiscal primario para así estabilizar la deuda pública. No solamente presentó un presupuesto prudente y diseñado con supuestos creíbles, sino que cuando se tuvo evidencia de que la economía crecería menos de lo previsto, esto se reconoció con recortes al gasto con el fin de cumplir con las metas fiscales.

Ahora bien, estos recortes, unidos a la reasignación de componentes del gasto, en los que se ha derivado inversiones hacia programas de asistencia social y se ha reducido en un gran número de distintas partidas presupuestarias, están erosionando de forma preocupante la capacidad de gestión operativa del Estado en muy diversos ramos. En particular, inquieta el deterioro en la provisión de servicios de salud. Además, la capacidad del Gobierno para invertir en infraestructura se ha reducido significativamente; esto puede mermar el potencial de crecimiento de la economía considerando el mal estado de hospitales, aeropuertos, carreteras, puertos y ferrocarriles que tiene el país. Hay que considerar también que la empresa petrolera estatal, Pemex, requiere de cantidades muy significativas de inversión para revertir su deterioro financiero y la caída en la producción de hidrocarburos. La solución al problema de Pemex requiere reanudar la inversión privada para la mayoría de proyectos que adopte la empresa.

En los próximos años, el reto será significativo: mantener las finanzas públicas ordenadas, revertir el mencionado deterioro en la capacidad de gestión pública, e invertir más, en particular en educación y salud, en un entorno en el que las presiones fiscales serán crecientes debido a que el gasto por pensiones y por servicio de deuda seguirán aumentando.

Por lo anterior, creo que se debe adoptar una reforma fiscal de alto alcance. Un Estado que solamente recauda el 14% del PIB no puede aspirar a realizar las inversiones públicas que se requieren para lograr mayores tasas de crecimiento. El reto principal está en reducir la informalidad y la evasión: más de la mitad de la población económicamente activa, y el 90% de las empresas, son informales. El reto es impostergable.

Carlos Serrano, de BBVA Research

Fuente: El País