La Generalitat trata de recuperar la gestión del centro de Alcoi, donde se contagiaron todos los residentes y más de la mitad murió

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) –

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha avisado este jueves al grupo DomusVI, que getsiona varios centros de mayores de la Comunitat Valenciana, que lo que está sucediendo en algunas de sus residencias, como la de Llíria o Alcoi, con presuntas desasistencias y desamparo a ancianos «ya no son casos puntuales» y ha advertido que desde el Gobierno valenciano «lo vamos a corregir y no tolerar» una mentalidad de «fondo de inversión».

«Se demuestra que no son casos iaslados ni puntuales sino que confunden la atención a mayores con tener un fondo de inversión para ganar dinero, y en el ámbito social, no cabe la mentalidad empresarial», ha indicado Oltra, que ha recordado que en el centro de DomusVI de Alcoi, en la primera etapa de la pandemia, se contagiaron todos los residentes y murieron más de la mitad.

Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunitat Valenciana (FAGA), al ser preguntada por la situación de la residencia de Llíria, donde una exempleada grabó imágenes de desasistencia a ancianos, una situación sobre la que Fiscalía ha abierto una investigación penal y la Conselleria de Igualdad otra administrativa.

Oltra, que ha calificado de «absolutamente lamentables y repugnantes» las imágenes, que reflejan situaciones que «de indignidad» hacia los mayores que «no deben darse nunca», ha recordado que su departamento llevó a cabo cuatro inspecciones en el centro en 2019, donde se detectaron «irregularidades graves», algunas como falta de personal, mobiliario absolutamente inadecuado y defectuoso o deficiente trato sanitario por falta de personal y para la que mantiene una propuesta de sanción de 174.000 euros.

Todo ello, ha dicho, se ha logrado hacer gracias al aumento de inspectores que han pasado de siete en 2015 en la etapa del PP, cuando la ley marcada un mínimo de 20, a 21 en 2018. Y con la nueva Ley de Servicios Sociales de 2019, esa plantilla se incrementará. Al respecto, ha subrayado que sin personal de inspección no se puede garantizar una calidad asistencial, especialmente en un ámbito tan privatizado.

En este contexto, ha advertido: «Una empresa que tiene una residencia no tiene un negocio para ganar dinero a espuertas, sino que tiene que tener la responsabilidad social de la atención digna a las personas mayores». Y esto, ha recalcado, «es una mentalidad que hay que instalar en algunas empresas», aunque «afortunadamente», ha subrayado que la mayoría de las que se dedican al sector «lo hacen desde responsabilidad social y el trato digno a las personas mayores».

Pero, en el caso de DomusVI, ha recalcado que ya no se trata de «casos puntuales» porque, además de lo sucedido en Llíria, ha recordado la gestión en el centro de Alcoi. Asimismo, ha aludido a situaciones vividas en Galicia, Cataluña o Castilla-Leon, por lo que se trata de una empresa «que habitualmente está teniendo este tipo de casos» y que, a su juicio, «seguramente tiene que ver más con una mentalidad de fondo de inversión que con la una de empresa socialmente responsable». «Y eso, desde este Gobierno lo vamos a corregir y no tolerar», ha hecho hincapié.

«AMIGUISMOS» DEL PP

Sobre Alcoi, ha señalado que están gestionando un centro, un edificio público, que el PP, con los «amiguismos», les «regaló» para 45 años «con el resultado nefasto que hemos visto en esta pandemia». Ahora, se han reunido con la empresa para tratar de recuperar la gestión del centro porque «no estamos para regalar dinero a las empresas y menos a las que no cuidan como es debido a los mayores».

En el caso de Llíria, Oltra ha reiterado que la Generalitat ha ofrecido a los familiares de los residentes que no quieren que sigan en el centro que se dirijan a Servicios Sociales de la localidad para solicitar el traslado, algo que la Conselleria facilitará porque considera que «trato digno» no ha existido.

Asimismo, considera que se debe abordar el modelo de residencias por el que aboga el Botànic, consistente en centros pequeños, con unidades de convivencia y no «cruceros con imagen de institucionalización» y que se pase «de una concepción de negocio a un hogar, y ha puesto como ejemplo la recientemente licitada en Sant Mateu.

MEDIDAS

Oltra ha señalado que la residencia de Llíria está bajo investigación y, según determine la Inspección, se adoptarán las medidas correspondientes como tutela o sanción, pero ha querido subrayar que, en este caso, hay una cuestión «de base» que es la Ley de Contratos del Estado, con la que «da igual contratar tornillos que gestionar residencias y no es lo mismo». «No podemos hacer contratación en base a precio sino que en cuidados hay que ir en base a la calidad, a proyectos de convivencia porque, si vas a precio, que es al final lo que pesa en la Ley de Contratos, pasan estas cosas con salarios bajos e incumplimientos».

La consellera ha señalado que se puede retirar la financiación pública cuando hay incumplimiento de contrato, incluso se puede decretar un cierre temporal o definitivo –ha aludido al centro de Vila real– y en Llíria dependerá del informe de Inspección. «Ahora está bajo vigilancia activa y no tienen la presunción de estar haciendo las cosas bien». «Nadie debería estar en esas circunstancias, tenga una plaza pública o no y la Generalitat va a tutelar todas las situaciones. El trato digno no es opcional, es obligatorio», ha concluido.

Fuente: Europa Press