La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció esta mañana que que el Gobierno contempla impulsar un régimen sancionador y un sistema arbitral de morosidad «ágil y efectivo» para combatir el retraso en el pago entre empresas, dentro del Consejo estatal de la pyme. Así lo confirmó en respuesta al portavoz económico de Esquerra Republicana (ERC), Joan Capdevila, que le ha reclamado en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso medidas para combatir la morosidad.

Un informe presentado esta mañana por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad remarca, con datos de 2018, las empresas del Ibex 35 pagan sus facturas a sus proveedores a 169 días, cuando el plazo legal que fija la ley son 60 días. Maroto reconoció que existe «mucho margen para mejorar los índices de morosidad» y confió en encontrar en el Congreso de los Diputados «consenso» para poder desarrollar estos nuevos mecanismos. Precisamente, JxCAT presentó por la mañana una proposición de ley en la Cámara Baja para aprobar esas sanciones.

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El informe revelaba que las empresas pagaron las facturas a sus proveedores en España en un plazo medio de 73 días, lo que supone una rebaja de ocho días con respecto al nivel alcanzado en 2018. De esta manera se quedan a tan solo 13 días del plazo marcado por ley (60 días), aunque la contribución de las grandes (aquellas que facturan más de 50 millones de euros) y las pequeñas y medianas ha sido muy desigual. Mientras que el 44% de las pymes ya abona sus deudas en el plazo legal, tan solo el 9% de las grandes las paga con arreglo a la ley, cuando hace un año ese porcentaje era del 19%. Esta fue la principal reivindicación expuesta por Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que señaló que ese empeoramiento en el pago de sus facturas pendientes se ha visto acompañado por una mejora en el cobro de sus trabajos. «Esto lleva a que las grandes empresas tarden tres veces más en pagar sus deudas que en cobrar sus recibos», apuntó Cañete, que alertó sobre el crecimiento del número de impagados en el actual cambio de ciclo económico, ya que este indicador lleva tres ejercicios consecutivos creciendo y ya se ha situado en el 3,1% del total de facturas. «Si no se corrige con rapidez puede haber otra crisis de deuda», alertó.

En este contexto, el presidente de la Plataforma reclamó que se acelere la tramitación de la proposición de ley presentada ayer por JXCAT y reveló que los distintos encuentros que ha mantenido la Plataforma con representantes del Gobierno avanzan «una especial sensibilidad» para la aprobación rápida de ese régimen sancionador. En paralelo, la Plataforma permanece muy atenta a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Italia, que obliga a las Administraciones italianas a velar para que paguen a sus proveedores con arreglo a los períodos que marca la ley. De esta manera desestimaba el recurso del Ejecutivo italiano, que argumentaba que la directiva europea obliga a incluir esos plazos en la normativa nacional, pero no hablaba nada respecto a su cumplimiento.

En la presentación del balance, Cañete resaltó el fin de la tendencia a la baja en el plazo de pago de las administraciones públicas desde 2010, cuando el plazo medio fue de 110 días, ya que en 2019, por primera vez desde ese ejercicio, el plazo ha subido hasta los 70 días, tras cuatro ejercicios consecutivos de bajada.

Fuente: Cinco Días