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Luksic reclama a Santander los 113 millones que invirtió en Popular antes de iniciar acciones civiles

Aeris Invest, el brazo inversor de la familia Luksic, ha reclamado a Santander el abono de los 113,02 millones de euros que invirtió en 145,14 millones de acciones de Popular, más los intereses legales del dinero desde el día de la resolución del banco, mediante una carta remitida el pasado 14 de marzo a la presidenta de la entidad, Ana Botín.

La firma manifiesta a la entidad que, si no se paga el importe requerido ni se ofrece una solución alternativa “satisfactoria”, Aeris Invest iniciará “acciones civiles y de toda índole” que correspondan. Esta familia, una de las más ricas de Chile, adquirió el 3,5% de Popular entre abril y principios de mayo, justo un mes antes de que la entidad española fuera intervenida y vendida a Santander, y cuando los rumores de la debilidad del banco y la necesidad de su venta o ampliación de capital habían, incluso, sido comentadas por su entonces presidente, Emilio Saracho. 

Aeris Invest considera que la operación de compra de Popular, efectuada tras la resolución del banco el pasado 7 de junio, “no se ajusta a la legalidad vigente ni al Derecho Comunitario en el que se pretende amparar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR)”.

Esta consideración es la que llevó a la firma a presentar recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y contra la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) que se encuentran actualmente en tramitación.

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Aeris Invest, citando el informe en el que Deloitte valoró los activos de Popular para la JUR, apunta que la operación de compra del banco implica “enriquecimiento injusto, abuso de derecho y competencia desleal, consentida, conocida e instrumentalizada en beneficio de Banco Santander”.

Mientras, el abogado Quinn Emanuel, que representa a grandes fondos internacionales, encabezados por Pimco y afectados por la resolución de Popular, tras perder 850 millones, remitieron el viernes una nueva carta a la JUR reclamando nueva información de Deloitte.

Este grupo de bonistas pide por carta a la JUR información sobre la segunda valoración de Deloitte de Popular, anunciado por la presidenta del organismo europeo, Elke König, al comité de investigación sobre la crisis financiera en el Congreso, el 11 de diciembre de 2017. En este acto König, recuerdan los bonistas, anunció que se daría a conocer este segundo informe a principios de 2018. Estos bonistas añaden, además, que están dispuestos a litigar la resolución de la resolución de Popular y la “próxima valoración final de Deloitte”.

El Defensor del Pueblo, mientras, ha instado a Santander a crear una solución extrajudicial para los accionistas minoritarios y los titulares de deuda subordinada de Popular, que perdieron todo su dinero tras la resolución. 

En su informe anual de 2017, el Defensor del Pueblo recoge esta recomedación sobre Santander, que ya diseñó una compensación para determinados accionistas a cambio de su renuncia a emprender o continuar acciones judiciales.

Esta compensación consiste en la entrega de un bono de fidelización a los clientes minoristas de la entidad que adquirieron acciones de Popular entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016, coincidiendo con la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que lanzó el banco entonces presidido por Angel Ron.

Se trata de obligaciones perpetuas emitidas por Santander, con 100 euros de valor nominal y que se podrán amortizar a partir de los siete años a voluntad del banco, previa autorización del Banco Central Europeo (BCE). Cuando se produzca su amortización, el titular recibirá el 100% del valor nominal del bono de fidelización.

El bono fue ofrecido a los clientes que compraron acciones en esas fechas y los que lo aceptaron se comprometieron a no emprender acciones legales contra Santander por el tema de Popular.

En cuanto a la supervisión de la situación del banco con anterioridad a su resolución, el Defensor del Pueblo considera que el control preventivo sobre Popular fue “ineficaz” para garantizar la transparencia y los derechos de los inversores, dado que “no se detectaron los problemas” que llevaron a la resolución.

En este sentido, aunque considera que el Banco Central Europeo (BCE) ejerce la supervisión directa de las entidades, apunta que el Banco de España colabora con él mediante la remisión de información y la preparación de proyectos de decisión, entre otros.

“Banco Popular daba una imagen de solvencia y solidez que generaba confianza en los inversores”, apunta en su informe, en el que destaca que muchos accionistas de Popular eran empleados del banco, “a quienes para adquirir las acciones la propia entidad bancaria les concedió un préstamo que han de continuar pagando”.

El Defensor del Pueblo señala que los inversores toman sus decisiones teniendo en cuenta la información de los folletos “sin disponer de medios para poder comprobar los datos”. “Si el folleto contiene información errónea o no veraz, entonces los accionistas invierten seriamente
confundidos”, explica.

Fuente: Cinco Días

By |2018-03-19T16:10:48+00:00marzo 19th, 2018|Actualidad de Empresas, Actualidad Económica, Cinco Días|Comentarios desactivados en Luksic reclama a Santander los 113 millones que invirtió en Popular antes de iniciar acciones civiles