Rastreo de llamadas telefónicas, seguimientos, hostigamiento, pago a informadores, acceso a documentación confidencial, intercambio de favores con policías nacionales… Entre poco ortodoxos y claramente “ilícitos”, los métodos de trabajo que el comisario jubilado José Manuel Villarejo empleó para atender los muchos encargos que le hizo el BBVA durante trece años son los que ahora ponen contra las cuerdas a responsables del banco. Si el policía se hubiera limitado a hacer informes de inteligencia corporativa, con métodos propios del departamento de investigación de una consultora o despacho de abogados, no pesarían sobre ellos los delitos de cohecho y de revelación de secretos.

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Pero lo que Cenyt y otra de las empresas de Villarejo llamada V&V Developments ofrecían a sus exclusivos clientes no eran solo análisis sobre datos abiertos sacados de registros de la propiedad, mercantiles o incluso de morosos, sino servicios extra que, tal y como definen los fiscales Anticorrupción en sus escritos, implicaron “una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas”.

En los contratos firmados con el banco y los informes de seguimiento, recuperados en los registros al domicilio de Villarejo y al de su socio Rafael Redondo, las firmas del comisario prometían “hostigamiento sostenido que provoque una inseguridad permanente” “boicot”, “buscar elementos de presión”, “intoxicar”…

El sumario del caso BBVA-Villarejo muestra el variado catálogo de servicios que ofrecía el comisario y de los que se benefició el banco. Una de las principales ilegalidades quedó registrada en un correo electrónico de octubre de 2008 que el informe forense encargado por el banco recuperó de sus servidores. En un archivo adjunto había una copia escaneada de un folleto promocional de V&V Developments, que reza: “Es una organización dirigida y coordinada por miembros de Seguridad del Estado en situación administrativa de disponibilidad”. Los fiscales lo consideran una de las principales pruebas de que en el banco sabían perfectamente a quién estaban contratando.

Servicios exclusivos de un policía en activo

Los servicios de Villarejo incluían el acceso a información reservada que solo podía obtener “prevaliéndose” de su condición de policía a través de los contactos que tenía con agentes en activo. Uno de los más destacados era Enrique García Castaño, apodado El Gordo, comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información. Villarejo ha reconocido en los interrogatorios que El Gordo le daba los tráficos de llamadas de particulares sin que mediara autorización judicial.

También García Castaño lo reconoció en sede judicial, aunque aseguró que siempre contó con el visto bueno del director adjunto operativo (DAO) de la Policía en aquel momento, Miguel Ángel Fernández Chico. Este no ha podido corroborarlo o desmentirlo: falleció en 2012. En otras piezas del caso Tándem o caso Villarejo, García Castaño, que está colaborando con la investigación, ha asegurado que también el que fuera máximo responsable de la Policía Nacional con el PP, el comisario Eugenio Pino, le ordenó que entregara datos a Villarejo. Los policías también aseguraron que algunas compañías telefónicas les entregaban los datos sin necesidad de orden judicial.

En uno de los informes de seguimiento encontrados por los investigadores, sobre un Proyecto FG, se reconoce que el personal de la empresa realizó 7.150 horas de vigilancias a “objetivos en movimiento” y 7.480 horas a “objetivos fijos”: vehículos, domicilios, restaurantes… Es el mismo informe que asegura haber analizado 16.487 comunicaciones en menos de tres meses, de las que casi 10.000 se hicieron a los móviles de los espiados y otras más de 6.000 en teléfonos fijos de oficinas y domicilios privados. Así interceptaron 869 conversaciones de las que, según el informe, solo eran relevantes el 5%.

Entre los espiados en el Proyecto FG, también llamado Proyecto Trampa en otro documento casi idéntico también en el sumario, estaban Luis del Rivero (presidente de Sacyr), Miguel Sebastián (entonces director de la Oficina Económica del Gobierno), Carlos Arenillas (vicepresidente de la CNMV), el financiero Juan Abelló y el que fuera presidente del Santander, Emilio Botín. Todos formaban parte de un supuesto “grupo hostil” que quería “asaltar” el BBVA al adquirir una participación significativa de su accionariado. A ellos les aplicó técnicas de “hostigamiento sostenido”, en palabras de la empresa, para provocarles “una inseguridad permanente”.

Conocer las debilidades de Pineda

En una de las grabaciones que los investigadores hicieron a Villarejo este presume durante una reunión de que le gusta trabajar “estilo underground” para tener éxito. El llamado Proyecto Pin, la investigación a Luis Pineda, presidente de Ausbanc que, según el BBVA, mantenía campañas para desacreditar al banco es buen ejemplo de la metodología de trabajo que empleaba el comisario jubilado. Documentos intervenidos por la Policía muestran que el objetivo era controlar todos los movimientos de Pineda y conocer «sus debilidades e irregularidades». Cenyt pidió al BBVA una cantidad inicial para empezar a trabajar, lo que se conoce como provisión de fondos, de 150.000 euros.

Entre los medios que pensaba utilizar figuran “vigilancias, seguimientos, filmaciones y/o sensores electrónicos”, pero también “pagos a informadores y colaboradores”. En este último apartado se preveía gastar hasta 30.000 euros con pagos individuales de hasta 10.000. El BBVA, después de conocer el resultado del informe forense, asegura en un documento que en los honorarios acordados con Villarejo se incluía “un apartado que hace referencia a pagos a informadores y colaboradores hasta un total de 200.000 a 250.000 euros en cada informe”.

Villarejo también usaba sus contactos en la prensa para diseminar información interesada y presionar a los objetivos. En el apartado “infiltraciones” de uno de los informes asegura haber tenido varios éxitos al “incidir sin reservas en la línea editorial” de al menos seis medios de comunicación.

También que ha conseguido el “éxito en intoxicar para dudar de las fuentes” en otros dos. El documento habla también de “penetraciones” para tener topos en lugares estratégicos. Asegura haber intentado —y fallado— infiltrarse “en el servicio de escoltas de Sebastián, Arenillas y Rivero” y que ha conseguido “un éxito en el servicio de escoltas de Abelló”, en el departamento de informática de Intermoney y en una agencia de investigación. El documento presume de otro éxito “en el entorno homosexual de Chueca”, supuestamente frecuentado por uno de los espiados.

Los tentáculos de Villarejo se extendían hasta los juzgados. En un correo de julio de 2013 los investigadores encontraron pruebas del “acceso ilícito” de Cenyt a información patrimonial que se encontraba dentro de una instrucción judicial.

En él Rafael Redondo informa a Antonio Béjar, entonces jefe de Riesgos de BBVA España, de que han conseguido una nueva pista procedente de una comisión rogatoria ordenada por el juez Ruz. Se trata del caso Gürtel y de una propiedad que se le había encontrado a Fernando Martín en las Islas Vírgenes. Martinsa, su empresa, debía al BBVA 50 millones y encargó a Villarejo que le diera información para posibles embargos. Según el BBVA, no recuperaron nada, aunque pagaron 7,2 millones a Villarejo. Mal negocio.

Fuente: El País