Las Administraciones públicas han vuelto a dilatar el tiempo de pago a sus proveedores. En 2019 tardaron 70 días de media en abonar las facturas, más del doble del límite máximo que marca la ley (30 días) y un 3% superior al dato del año anterior. Estos resultados, publicados este miércoles en una encuesta elaborada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), destacan cómo la demora en los pagos del sector público ha aumentado cada año desde 2017, aunque de manera paulatina. Las empresas privadas, por su parte, redujeron en 2019 el tiempo medio en el que liquidan a sus proveedores, aunque este siga siendo muy superior al de las Administraciones.

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Las empresas privadas tardaron 73 días de media en cumplir con las obligaciones de pago contraídas con sus proveedores, cuando el máximo legal para este sector es de 60 días. Este resultado, desglosado en el Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2019 de la PMcM y elaborado a partir de 800 encuesta, implica sin embargo un descenso frente a los 81 días de hace un año.

Las más rezagadas fueron, una vez más, las grandes compañías: el 81% no respetó el plazo legal de los 60 días: el 35% de ellas pagó a sus proveedores en un tiempo que oscila entre los 30 y los 90 días, y un porcentaje aún mayor, del 46%, dilató sus pagos más de 90 días. La instantánea cambia en el caso de las pymes: casi la mitad, el 44%, cumplió con sus obligaciones hacia los proveedores en menos de 60 días, y solo un 9% alargó el abono de facturas durante más de tres meses. 

“Se está produciendo una brecha en los tiempos de pago entre pymes y autónomos y grandes empresas”, ilustra Antoni Cañete, presidente de la PMcM. “Solo el 19% de las grandes está pagando según lo que marca la ley”, añade. Es más: más de la mitad de los proveedores encuestados (65%) aseguró que en 2019 firmó contratos donde sus clientes les imponían plazos de pago por encima de lo que establece la normativa. “Se trata de cláusulas nulas, pero hay que denunciar para reclamar”,  abunda Cañete. “Por miedo a perder los clientes casi nadie lo hace y los pocos que reclaman intereses lo hacen de cara a la Administración”.

En concreto, el informe desglosa que el 94% de las empresas evitó pedir indemnización legal por los costes de recobro en caso de impago; solo un 6% de los proveedores exigió siempre a las empresas morosas los intereses de demora, mientras que casi nueve sobre diez no los solicitaron nunca o casi nunca.

Régimen sancionador

La Plataforma lleva tiempo pidiendo que se imponga un régimen sancionador que castigue a las empresas incumplidoras, al igual que otros países como Francia. Hace tres años, hubo una Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad que finalmente quedó bloqueada en el Congreso. Cañete insiste en que hay que avanzar en esta dirección para obligar a compañías y Administración a respetar la normativa y asegura que hay consenso entre los grupos políticos para avanzar en esta dirección.

Cañete explica que la imposición de un sistema de sanciones se hace aún más necesaria a la luz de la acumulación de deuda peligrosa y el crecimiento del ratio de morosidad —es decir, los impagos respecto al total de facturación—, que en 2019 avanzó hasta el 3,1%, frente al 2,9% del año anterior. “Si las empresas pagan más tarde los proveedores tienen que ir al banco a pedir circulante para financiarse”, dice Cañete, “ahora el precio del dinero es barato, pero no sería lo mismo si hubiese una crisis; es ahora cuando tenemos que trabajar para construir una economía más sólida”. 

Según los cálculos de la Plataforma, la morosidad “ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”, ha añadido. De acuerdo con su encuesta, aunque cuatro encuestados de cada 10 han afirmado ignorar los términos de la legislación vigente contra la morosidad, un porcentaje superior se ha demostrado favorable a la implantación de un régimen sancionador: el 93%.

El Gobierno se compromete a sancionar la morosidad comercial entre empresas

EFE

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha comprometido a que el Ejecutivo desarrolle un régimen sancionador contra la morosidad comercial entre empresas en el marco del Consejo Estatal de la Pyme. Maroto ha afirmado durante la sesión de control al Gobierno en el
Pleno del Congreso que el Ejecutivo trabajará también en el desarrollo
de un sistema arbitral de morosidad que sea «ágil y efectivo».

La ministra ha respondido así a la pregunta del diputado de ERC Joan
Capdevila sobre las medidas que contempla para penalizar los plazos de
pago entre empresas que sobrepasan la legalidad de los 60 días. En este sentido, el grupo parlamentario republicano registra este miércoles una proposición de Ley en la que pide «vetar el pago de facturas más allá de dos meses, con multas disuasorias», así como eliminar el pacto entre las partes que permite los pagos por encima de lo que establece la Ley.

Maroto ha coincidido en que la morosidad dificulta el acceso a la
financiación de las empresas y les resta competitividad. «Me comprometo con otros departamentos ministeriales a reforzar la ley y establecer medidas de lucha contra la morosidad que incorporen estos mecanismos», ha dicho, en referencia a la implementación de un régimen sancionador.

Fuente: El País