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La Fiscalía propone crear un área especializada en protección al consumidor

La Fiscalía apuesta por crear una unidad especializada en materia de protección al consumidor para dar respuesta a la avalancha de litigios relacionados con abusos bancarios que se ha desatado en los últimos años. La propuesta figura en la última Memoria anual de la Fiscalía y fue llevada por el Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, ante el Congreso de los Diputados la pasada semana.

El Fiscal General compartió entonces con los parlamentarios el contenido de la memoria, elaborada bajo el mandato de su predecesor, José Manuel Maza, fallecido el pasado noviembre. Una copia del documento fue entregada a la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y a los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Sánchez Melgar explicó durante su comparecencia la actividad de las distintas Fiscalías durante los ejercicios 2015 y 2016 para desgranar luego algunas de las iniciativas que plantea el Ministerio Público.

La memoria del organismo recuerda que ya supuso “un hito” en años anteriores “la problemática de los afectados por los productos financieros”. Particularmente, destaca el caso de las participaciones preferentes y de deuda subordinada. La litigiosidad que desataron provocó ya entonces “una cierta saturación tanto de los órganos administrativos de los servicios policiales y de algunos juzgados”.

“Rondando los delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, entre otros”, explica el documento, “una minoría” de estos asuntos devinieron en causas presentadas por la vía penal, mientras que el grueso fue a parar a la vía civil. Los jueces y tribunales de este ramo, indica la Fiscalía, han “ido estimando en bastantes casos las pretensiones de los suscriptores, fundamentalmente en base a entender que el consentimiento estuvo viciado por un error esencial” en los contratos. “Ello en absoluto significa que el problema social y sus consecuencias estén resueltos y debe mantenerse la cautela ante los riesgos que trae consigo la desregulación del sector financiero”, advertía la Fiscalía en el documento remitido al Congreso de los Diputados.

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De hecho, en los últimos tiempos la litigiosidad en torno a productos bancarios no ha hecho más que aumentar. La decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de exigir la devolución de todo lo cobrado en aplicación de cláusulas suelo opacas, en diciembre de 2016, terminó por multiplicar el año pasado las crecientes demandas de los últimos tiempos. El fenómeno fue tal que el Gobierno impulsó por decreto un mecanismo extrajudicial de negociación para las devoluciones por cláusulas suelo.

En paralelo, cada vez más clientes vienen demandando a sus entidades por hipotecas multidivisa, intereses de demora, cláusulas de vencimiento anticipado, préstamos ligados a IRPH o gastos de constitución de la hipoteca, entre otros asuntos. Ante semejante avalancha, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia acordaron la creación de un nuevo juzgado especializado en materia hipotecaria en cada provincia para tratar de evitar el colapso del resto de sedes judiciales. Solo por causas hipotecarias, el ritmo de demandas rondó el millar diario el año pasado.

Ante esta tesitura, la Fiscalía considera “aconsejable recuperar el debate de si no sería necesaria la creación de una especialidad, aunque sea menor, para dar cierta cobertura a las múltiples quejas de ciudadanos”. Más allá del actual frente bancario, el Ministerio Fiscal denuncia la “pluralidad de ataques a los consumidores, como grupo en el que cabe englobar a todos los ciudadanos” dado que “son objeto de situaciones de avasallamiento por las grandes compañías suministradoras de servicios que devienen imprescindibles y ante las que pocas opciones de defensa pueden esgrimirse”.

Esta nueva unidad especializada de la Fiscalía, sugiere la memoria, se ocuparía también de los crecientes casos de “estafas que se producen a través de Internet” a consumidores, que es otro ramo creciente de litigiosidad, ilustra.

De crearse, la nueva sección se añadiría a otras de la Fiscalía, que ya cuenta con áreas especializadas, como las dedicadas a lidiar con delitos económicos o casos de violencia contra la mujer, así como dos unidades especiales en Anticorrupción y Antidroga.

La justicia pide nuevas armas

Tribunal de Cuentas. 2017 fue el ejercicio de mayor contestación de los consumidores contra las prácticas abusivas de la banca tanto por vía extrajudicial como en los tribunales. Los clientes de las entidades presentaron 40.170 reclamaciones, el 81% sobre hipotecas, ante el servicio de atención del Banco de España. Una cifra récord. El Tribunal de Cuentas viene criticando el mal funcionamiento de los servicios de atención al cliente de las propias entidades y el hecho de que las resoluciones del supervisor no sean vinculantes.

CGPJ. Ante el aluvión de litigios contra la banca en los nuevos juzgados especializados, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estimó que en un año se producirían 192.245 litigios, si bien la cifra ya rondaba los 154.000 en solo seis meses. Los jueces decanos pidieron la supresión del modelo por su colapso aunque luego aceptaron la solución de Justicia de reforzar el personal asignado al plan. Con todo, estos juzgados siguen colapsados.

Jueces decanos. Dada la avalancha de casos por productos financieros o gestores de bancos quebrados, los jueces decanos ven “imprescindible” crear un cuerpo de peritos especializados en materia financiera y contable.

Fuente: El País

By | 2018-03-19T12:12:05+00:00 marzo 19th, 2018|Actualidad de Empresas, Actualidad Económica, EL PAÍS|Comentarios desactivados en La Fiscalía propone crear un área especializada en protección al consumidor