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La conservación de la AP-1 está en el aire a medio mes de la subida de barreras

La reversión al Ministerio de Fomento de una de las autopistas españolas con más años de peaje, la AP-1 que va de Burgos a la localidad alavesa de Armiñón, se produce entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre sin que aún esté resuelto en qué manos quedará su conservación.

El titular de Fomento, José Luis Ábalos, hizo hincapié el jueves en que circular por esta autopista será gratuito. Despejaba dudas que, según un portavoz oficial del Ministerio, se habían generado “desde distintos ámbitos”. Pero el ministro dejó en el aire quién se ocupará de ella y fuentes del sector explican que ese asunto lleva semanas bloqueado en la Intervención General del Estado (IGAE).

El contrato de conservación de los 84 kilómetros de la AP-1 fue autorizado, entre un batería de actuaciones, en la última reunión del Consejo de Ministros de agosto. Totalizaban 138 millones de euros y los pliegos continúan sin publicarse en el BOE. No hay fecha, por tanto, para la presentación de ofertas, y todo a 20 días de que sean levantadas las barreras.

El contrato de conservación de los 84 kilómetros de la AP-1 fue autorizado, entre un batería de actuaciones, en la última reunión del Consejo de Ministros de agosto

Las fuentes consultadas argumentan que a Fomento le van a quedar tres opciones para improvisar ante la dificultad para llegar con la adjudicación a tiempo. La primera es dejar a la actual concesionaria Itínere al frente de los trabajos de mantenimiento, lo que se realizaría a través de un trámite de emergencia previsto en la Ley de Contratos para situaciones sobrevenidas. En el segundo caso, el Ministerio podría realizar una encomienda de gestión para que sea una empresa pública, como la ingeniería Ineco, quien se ocupe de la carretera. Y en un tercer escenario, la misma Seittsa que se ha hecho cargo de las autopistas de peaje quebradas pasaría a explotar la AP1 sin cobrar a los conductores.

El cuidado de la vía es clave, especialmente ante el aluvión de camiones, usuarios de carreteras alternativas, que se espera en la nueva etapa de tráfico gratuito. Los contratos de conservación incluyen desde el mantenimiento de los elementos de la carretera hasta la vigilancia, comunicaciones, atención a accidentes, alumbrado, señalización, etcétera.

Atasco de proyectos

En cualquiera de los casos, entre las empresas especializadas en conservación y mantenimiento de infraestructuras, algunas de ellas filiales de las principales constructoras del país, se asiste con perplejidad a la congelación de grandes programas de inversión en carreteras, como el PIC de los 5.000 millones o decenas de contratos de conservación. Subyace desde el pasado mes de marzo la adaptación de directivas europeas a la Ley de Contratos y, por extensión, a los pliegos de licitación de Fomento.

Mientras el Ministerio despeja esta incógnita, siguen en vilo los 121 trabajadores que hoy trabajan para Itínere en la AP-1. Al menos el 35% que se dedica a trabajos a pie de carretera debería ser subrogado por la empresa que asuma la conservación, pero la plantilla teme un ERE de extinción.

Desde UGT se calcula que, al margen de la AP-1, peligran otros 1.200 puestos de trabajo por el próximo fin de plazo de explotación privada en Aumar (AP-4 y AP7, con fecha de reversión en diciembre de 2019), Acesa (479 kilómetros de la AP-7 y AP2 que vencen en agosto de 2021), e Invicat (66 kilómetros de la C-32 Montgat-Blanes y C-33 Barcelona-Montmeló, con fin de plazo en 2021), esta última dependiente de la Generalitat de Cataluña.

Más de 1.000 kilómetros con próximo vencimiento

Un tercio de la red de pago habrá levantado barreras en tres años. De los 3.307 kilómetros de autopista con peaje a cargo del conductor, 1.097 kilómetros vencen entre este final de año y el cierre de 2021. El Gobierno tiene decidido abrirlas al tráfico gratuito y que sea el Estado quien sufrague la conservación.

Debate abierto. El sector de la construcción lleva años reclamando peajes blandos en toda la red de alta capacidad carente de peajes. El Grupo Socialista ha registrado una subcomisión en el Congreso para tratar la sostenibilidad de las carreteras. En ella se abordará la posible implantación del pago por uso.

La España de pago. La Rioja, con un 64%, es la Comunidad con mayor índice de tarificación en sus vías de alta capacidad. Le siguen el País Vasco (41%), Cataluña (39%), Navarra (36%), Galicia (27%) y la Comunidad Valenciana (26%).

Fuente: Cinco Días

By |2018-11-10T08:15:53+00:00noviembre 10th, 2018|Actualidad de Empresas, Actualidad Económica, Cinco Días|Comentarios desactivados en La conservación de la AP-1 está en el aire a medio mes de la subida de barreras