La CNMC (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado a 34 editoriales de libro de texto no universitario y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (Anele). Considera que, al firmar un código ético de buenas prácticas, coordinaron políticas y condiciones comerciales que, según este supervisor, restringían la competencia. Además, también ha sancionado a Anele y 10 editoriales porque asegura que fijaron «el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital». El conjunto de todas las sanciones económicas para todas las editoriales y la asociación asciende a 33,88 millones de euros, según ha comunicado el regulador.

La asociación Anele ha realizado un comunicado en el que niega todas las acusaciones, critica que la CNMC «muestra un claro desconocimiento del funcionamiento de un mercado como el de los libros de texto» y asegura que, con esta sanción, el organismo que dirige José María Marín Quemada «valida prácticas que podrían dar lugar a situaciones de soborno y corrupción en la selección y prescripción de libros de texto». Según esta asociación, «se sanciona al sector por cumplir la legalidad y evitar prácticas poco éticas en centros de enseñanza».

Anele asegura que el código ético que firmaron las editoriales se ajusta a todas las normativas españolas e internacionales «como el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIEPE) de la UNESCO, que reprueban el fraude en la distribución y adquisición o selección de libros de texto a través del cohecho, regalos, favoritismo», que es lo que pretendía evitar ese código. Señala que el código se hizo «para mejorar la transparencia y garantizar que se seleccionan los mejores recursos, de mejor calidad y al mejor precio». Y que el acuerdo de las editoriales respondía «al interés general de erradicar prácticas nada éticas, y tipificadas penalmente, como la solicitud o entrega de regalos, obsequios y productos de todo tipo a los docentes y centros de enseñanza como contrapartida a la selección que, cada año, realizan de los libros de texto que deben utilizar los alumnos».

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Denuncia de Vicens Vives

En su comunicado, la CNMC explica que la comercialización de libros de texto tiene «unas características peculiares». Son los centros escolares los que seleccionan los libros de texto que después compran los padres de los alumnos. La CNMC explica que Vicens Vives presentó una denuncia contra sus competidores. Y la CNMC, tras investigar determinadas prácticas comerciales, ha impuesto sanciones por lo que cataloga como infracciones muy graves.

La primera de las infracciones, según la CNMC, «consiste en una serie de acuerdos y prácticas concertadas vinculadas con el desarrollo y aplicación de un código de conducta para las empresas del sector editorial, que siguen desde abril de 2012». El supervisor considera que, con la elaboración e implementación de este código de conducta, las editoriales y la asociación restringieron «la competencia en la prescripción de libros de texto no universitarios por parte de los centros educativos». Dicho código de conducta suponía «homogeneizar las políticas y condiciones comerciales en el sector, como la entrega de materiales informáticos (pizarras digitales, cañones de proyección, ordenadores portátiles etc.)» y eso es, según la CNMC, es contrario a las normas de competencia.

Además, siempre según la CNMC, las empresas sancionadas formaron una comisión de supervisión para seguir si se cumplía el código. «Ha quedado acreditada la existencia de métodos de castigo a las editoriales que no cumplían con los acuerdos», señala el organismo, que apunta que la asociación Anele mandó cartas a editoriales y centros educativos y que presentaron demandas contra Vicens Vives por competencia desleal.

Precisamente sobre este punto, la asociación Anele apunta: «Hay que señalar que la investigación de la CNMC se produjo tras la denuncia de una editorial (Vicens Vives) que, tras haber participado en la redacción e implementación del código de conducta, decidió meses más tarde no someterse a lo establecido en el mismo e incumplir los principios básicos y éticos recogidos en el código».

Por su parte, Santillana también ha emitido un comunicado en el que insiste en que el código de conducta, «firmado por la mayoría de las empresas integradas en Anele, pretendía acabar con cualquier tipo de prebendas o regalos en la prescripción de materiales educativos». Y critica que «la CNMC ya conocía la existencia de dicho código con anterioridad a la apertura de este expediente».

Libros electrónicos

Según la CNMC, «en esta infracción se ha acreditado la implicación de un total de 33 empresas: tres pertenecientes al grupo Edelvives, seis al grupo editorial Anaya, otras seis del grupo SM, siete empresas del grupo Santillana (perteneciente a PRISA, grupo editor de EL PAÍS), dos empresas del grupo editorial Bromera. Además de Ediciones Bilingües, Edebé, Editex, Ediciones Laberinto, MacMillan, Mc GrawHill, Oxford University Press, Pearson Educación y la editorial Teide». Entre todas la multa asciende a 32,2 millones, y otros 180.000 euros para la asociación Anele.

Por otra parte, la CNMC ha informado de sanciones por «acuerdos y prácticas concertadas de precios» en el libro de texto electrónico. El total de estas multas asciende a 1,42 millones de euros, de los cuales 130.000 corresponden a la asociación Anele, y el resto se distribuyen entre 10 empresas (los grupos editoriales SM, Anaya y Santillana, junto con Edebé, MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educación, la editorial Teide y Edición del Serbal).

Sobre estas últimas multas, Santillana ha asegurado que «la sanción es cuanto menos sorprendente dada la apuesta e inversión de Santillana en innovación y desarrollos digitales en los últimos años». Y añade: «Santillana apuesta por la absoluta transparencia en la comercialización de todos sus productos, tanto en los libros de texto como en sus desarrollos digitales. Nuestra inversión en innovación ha crecido fuertemente en los últimos años contribuyendo a dinamizar el mercado escolar y obteniendo el respaldo de la comunidad educativa».

Fuente: El País