La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) considera que el sistema por el que se conciben y dan las subvenciones puede mejorar bastante para que sirvan el fin con el que originariamente fueron concebidas. Además, el organismo encargado de velar por las cuentas públicas detecta una falta de transparencia y rendición de cuentas, así como una ausencia de procedimientos sancionadores para castigar el mal uso. Como resultado, «las subvenciones tienen una escasa relación con la política subyacente. Tampoco hay una buena vinculación entre las subvenciones y las estrategias de la subvenciones», ha declarado este lunes el presidente de la Airef, José Luis Escrivá.

Estos son los principales hallazgos del primero de los siete estudios que va a presentar la Autoridad Fiscal, y en los que va examinar la eficiencia y eficacia de las subvenciones concedidas en España, unos 30.000 millones de euros de gasto público al año (unos 14.000 millones si solo se atiende a los registros de la base de datos nacional). Y que incluyen entre otras las políticas de empleo, la financiación de medicamentos, las ayudas a la industria o las becas.

Este lunes la Airef ha publicado el primer informe, en el que se evalúan los procedimientos y la planificación general de las subvenciones. En las próximas semanas irá publicando los seis restantes por áreas temáticas concretas, los conocidos en la jerga como spending reviews —un instrumento cuya implantación ha recomendando a España la Comisión Europea—.

En este primer estudio, la Autoridad Fiscal solo ha hecho público un análisis de los procedimientos con los que se gestionan las subvenciones de las Administraciones. Y sus conclusiones son que son manifiestamente mejorables. Falta que exista un sistema regulado y generalizado de planificación, y por tanto de diseño, sobre todo en la Administración central. Este debería tener un marco anual de desarrollo y estar programado a varios años. También debería incluir al acabar cada ciclo presupuestario un plan de seguimiento de los resultados y rendición de cuentas. Al no haber una estrategia bien definida, las subvenciones no son todo lo eficaces que se querría y terminan perdiendo vinculación con las políticas que se pretendía aplicar, subraya el organismo.

Además, no existen mecanismos de coordinación entre las Administraciones para gestionarlas. Sí que hay unas cincuenta conferencias sectoriales que se organizan por temáticas entre el Estado y las comunidades. Sin embargo, muchas apenas se convocan y las que sí que se reúnen simplemente lo hacen para repartir fondos sin que se conozcan los criterios. Según la Airef, se desaprovecha el papel que estos foros podrían desempeñar para mejorar y debatir estas políticas. Es más, la Autoridad Fiscal recomienda que estas conferencias deberían dotarse de secretariados técnicos y publicar las estadísticas que ayuden a evaluar esas políticas.

Otro problema sustancial es la necesidad de un marco legislativo que defina las subvenciones, simplifique los trámites y requisitos de justificación y, sobre todo, instaure un sistema de rendición de cuentas. En este sentido, la Autoridad Fiscal pide que se reforme la ley de subvenciones. Sostiene que la base de datos nacional de subvenciones tiene que mejorarse para que pueda evaluarse y comparar. Solicita que haya un sistema integrado y transparente de información e indicadores. Y explica que los controles públicos existentes a las subvenciones, que en la actualidad llevan a cabo el Tribunal de Cuentas y la Intervención General de Estado, se limitan demasiado a comprobar el cumplimiento de la legalidad, si se ha gastado el dinero o no y si se ha alcanzado un número determinado de beneficiarios. Pero hace falta una evaluación de la eficacia y eficiencia de estas políticas. «Si se podían haber gastado mejor», explica Escrivá. En general, se aprecian deficiencias en la concesión, la justificación y el control de las subvenciones, fundamentalmente por desajustes temporales y por falta de información. La Airef también lamenta que no haya extendida una cultura sancionadora y de reintegros similar a la que ha desarrollado la Agencia Tributaria.

Fuente: El País