BRUSELAS, 17 Nov. (EUROPA PRESS) –

Los gobiernos de Hungría y Polonia han ignorado este martes las presiones y advertencias lanzadas por el resto de países de la UE y han mantenido el bloqueo sobre el presupuesto comunitario para los próximos siete años y el fondo de recuperación, alegando que el mecanismo que vincula las ayudas al respeto del Estado de derecho tiene una base «ideológica» y no cuenta con las «garantías» adecuadas.

Los Veintisiete han abordado por primera vez la situación de bloqueo en una reunión por videoconferencia de los ministros de Asuntos Exteriores en la que muchos Estados miembros han tomado la palabra para pedir a Budapest y Varsovia que rectifiquen su posición.

Pero lejos de lograrlo, los representantes de ambos países han confirmado su postura. «No seamos hipócritas, todos sabemos lo que busca la condicionalidad (del Estado de derecho) en su forma actual», ha enfatizado la ministra húngara de Justicia, Judit Varga.

A su juicio, el sistema que liga ayudas europeas y Estado de derecho siempre ha tenido a Hungría en el punto de mira, al tiempo que ha defendido que con él se abre la puerta a que la Comisión Europea sancione «con facilidad» a un Estado miembro «sobre una base ideológica», a través de medidas «arbitrarias» y con procedimientos «sin garantías».

«¿Cómo esperan que aprobemos una propuesta así? Tenemos la fortuna de ya no vivir en un sistema político en el se puede ser sancionado por discrepancias políticas», ha dicho la ministra húngara, que ha finalizado su intervención remarcando que «no es momento de juegos ideológicos».

En una línea similar, el ministro de Asuntos Europeos polaco, Konrad Szymanski, ha destacado que su gobierno trasladó en numerosas ocasiones que la cuestión de la condicionalidad del Estado de derecho era una «prioridad» nacional y que en su forma actual todavía no da «garantías jurídicas» adecuadas.

«Advertimos muchas veces que el acuerdo de julio es muy frágil. Cada Estado miembro tiene su lista de prioridades y sensibilidades. Ya sabían que la condicionalidad está entre las máximas prioridades de Polonia», ha expresado, para después añadir que nadie debería estar «sorprendido» por el veto de su país.

FRUSTRACIÓN Y URGENCIA

En nombre de Alemania y como presidente de turno de la UE, el secretario de Estado para Europa, Michael Roth, ha defendido que el Estado de derecho «no es una ideología» y ha criticado que comparar a la UE con regímenes autoritarios es «inaceptable». También ha pedido a Budapest y Varsovia que reflexionen sobre el hecho de que con su veto están negando también muchas ayudas a sus ciudadanos y empresas.

El ministro de Italia, Vincenzo Amendola, ha mostrado su «profunda frustración» por el hecho de que el bloqueo haya llegado en un momento «extremadamente grave» debido a la segunda ola de la pandemia. De la misma forma, ha cargado contra la «contradicción» que supone «tener miedo» a la condicionalidad si todos los Estados miembros dicen que cumplen con los valores y principios democráticos.

En nombre de España ha intervenido el embajador permanente ante la UE, Pablo García-Berdoy, quien se ha sumado a las palabras de su colega italiano y ha incidido en la «urgencia y necesidad» de ratificar el paquete presupuestario.

El representante francés se ha expresado con un mensaje idéntico y ha tildado de «esencial» que se avance para que el presupuesto y el fondo de recuperación sean ratificados «rápido» puesto que de lo contrario «la crisis sanitaria se agravará» y originará una «crisis económica y política».

Además de Alemania, Italia, España y Francia, también han trasladado sus críticas y presiones los representantes de Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Rumanía, Portugal, Suecia, Finlandia, Irlanda, Croacia y Eslovenia.

También ha participado en el debate el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, quien ha advertido de que el acuerdo que los jefes de Estado y de Gobierno sellaron en verano creó grandes expectativas, por lo que «fracasar» ahora tendría un impacto «devastador» sobre los ciudadanos, la economía y los mercados financieros y consecuencias políticas «inimaginables» en los Estados miembros.

Fuente: Europa Press