Las comunidades autónomas han salido este viernes con un sabor agridulce del Consejo de Política Fiscal y Financiera —el cónclave entre el Gobierno y los consejeros regionales de Finanzas— tras conseguir que Hacienda relajara los objetivos presupuestarios para este año. Las autonomías podrán cerrar 2020 con un déficit del 0,2% del PIB, unos 2.500 millones, y retrasar el equilibrio presupuestario dos años, hasta 2022. Además, se les ofrecen facilidades para aliviar su tesorería. Los consejeros, sin embargo, no lograron que la ministra María Jesús Montero pagara los 2.500 millones del IVA pendiente de 2017. La mayoría de las autonomías, tanto del PP como del PSOE, le ha reprochado que flexibilizar el déficit no compensa la pérdida del IVA. 

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La bronca ya se veía venir. El ministerio de Hacienda se ha enrocado en su negativa a devolver los 2.500 millones del IVA de 2017 que le reclaman las autonomías. A cambio, el departamento dirigido por María Jesús Montero ha prometido suavizar dos décimas la senda de déficit regional para este año y los tres siguientes y aseguró que el efecto IVA no se tendrá en cuenta en el cálculo de los números rojos de las comunidades para 2019. Pero el trueque no ha calmado del todo los ánimos: aunque la mayoría de comunidades votaron a favor de la nueva senda, la solución ofrecida para tapar el agujero causado por la negativa a devolver los 2.500 millones del IVA causó malestar entre los consejeros regionales.

Esta factura pendiente, que se generó tras modificarse el sistema de liquidación del tributo hace dos años, con el popular Cristóbal Montoro al cargo del ministerio, se había traducido en las últimas semanas en un choque frontal de las autonomías y Hacienda. Varios Gobiernos regionales, del PP y del PSOE, habían llegado a amenazar con llevar el asunto a los tribunales.

La reunión de este viernes apenas ha rebajado la tensión. Montero ha rechazado de nuevo reintegrar ese importe a las autonomías. Su oferta no ha satisfecho a los consejeros, pero se aprobó. La nueva senda de déficit, aprobada con 11 votos a favor y 6 en contra, relaja en dos décimas el objetivo del déficit para 2020, del 0% previsto por la hoja de ruta anterior diseñada por el PP y aún en vigor al 0,2% y retrasa el equilibrio presupuestario dos años, hasta 2022.

Estas dos décimas se corresponden a unos 2.500 millones de euros, justo la misma cifra que las autonomías reclaman por la mensualidad del IVA de 2017. La ministra también ha trasladado que no tendrá en cuenta en el cálculo del déficit de 2019, la parte imputable al IVA. Es decir, ha asegurado que se descontará este importe para analizar si las regiones han cumplido con las reglas presupuestarias para que no sean penalizadas y abocadas a presentar un plan económico y financiero de ajuste. Asimismo, ha anunciado un nuevo mecanismo para poder financiar sin intereses, a una tasa del 0%, el agujero causado por la liquidación del IVA que no recibieron, pero sí presupuestaron.

“Las comunidades autónomas ya se han gastado ese dinero”, ha insistido la ministra en la rueda de prensa posterior al consejo. Montero insistió en que esos recursos ya se tuvieron en cuenta para diseñar las previsiones de ingresos de las comunidades. Pero ha añadido que, al no tener respaldo presupuestario, esos gastos acabaron reflejándose en un mayor déficit, algo que, ha recordado una vez más, se hubiera podido solucionar con la aprobación de los Presupuestos que el Gobierno diseñó para 2019 y que fueron tumbados por “la oposición y otros grupos”. “Lo que no se puede hacer es duplicar el dinero del IVA”, ha zanjado.

Pero las comunidades ha dejado claro que incurrir en más déficit, como les permite Hacienda, supone aumentar la deuda y defienden que esa no es la solución. El consejero andaluz Juan Bravo, del PP, ha liderado ese discurso. “No queremos generar déficit”, había declarado Bravo, consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía (PP-C’s), antes de entrar al cónclave, “ese dinero les corresponde a los andaluces que han pagado el IVA”. Andalucía es una de las comunidades con la factura pendiente más abultada por la falta de devolución de este tributo: 537 millones de euros. «Un préstamo hay que pagarlo y nosotros queremos lo nuestro”, ha proclamado a la salida.

También es una de las comunidades presididas por el PP, junto a Galicia, Castilla y León y Murcia, que han amenazado con llevar a Hacienda a los tribunales por el asunto del IVA. Madrid ya ha materializado su amenaza.

Poco satisfecho

Tampoco Juan Alfonso Ruiz, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, se mostró satisfecho con la solución propuesta por Montero aunque sí por la suavización de la senda de déficit. “Reconozco el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno”, dijo tras el cónclave, “pero respecto a la solución del IVA ha sido una decepción: no se entiende cómo una deuda se compensa dando un préstamo”. Antes de entrar a la cita había manifestado: “No me gusta vincular la senda del déficit al dinero del IVA”.

«La mejor solución era la del año pasado [en referencia a incluir la devolución del IVA en los Presupuestos que finalmente no salieron adelante]”, ha lamentado Vicent Soler, de la Comunidad Valenciana, administración liderada por el socialista Ximo Puig. “Creo que la solución que se ha dado no era la mejor”, ha apostillado.

“Queremos que nos paguen el IVA”, remarcó el consejero de Castilla y León (PP), Carlos Javier Fernández, “no queremos más endeudamiento, sino fondos para financiar los servicios públicos”. Y, como otros consejeros, lamentó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometiera más margen a Cataluña en la reunión que mantuvo el jueves con Quim Torra: “Una negociación privilegiada con una única comunidad cuyo consejero ni siquiera va a venir”.

Fuente: El País