Pide al juez del caso Villarejo que amplíe seis meses la instrucción de la pieza relativa a la entidad financiera

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción ha atribuido a Francisco González un presunto delito de administración desleal «por haber utilizado recursos» de BBVA «para su uso exclusivamente personal», en referencia a una valoración encargada para la adquisición de una finca a título privado.

En un escrito presentado el 8 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro han requerido al juez que cite a declarar al ex directivo de la entidad financiera en el marco de la pieza número 9 del caso ‘Tándem’, en la que se investigan los encargos de BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El ex presidente de la entidad bancaria ya fue interrogado por este asunto en 2019 cuando esta pieza separada estaba bajo secreto de sumario. Entonces, indicó al juez que desconocía cómo se había materializado dicha tasación, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El titular el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ya acordó la imputación de Francisco González en noviembre de 2019 por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en relación a los contratos con Villarejo.

En esta pieza 9, se investigan los servicios contratados por BBVA a CENYT –buque insignia del grupo empresarial de Villarejo– para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, de acuerdo con el Ministerio Público. Por esos trabajos, el banco habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

PRÓRROGA DE SEIS MESES

Los fiscales han señalado la nueva citación de Francisco González como una de las diligencias que habría que realizar antes cerrar las pesquisas sobre esta línea de investigación. Así, han propuesto al magistrado que prorrogue seis meses la instrucción, que debía acabar el próximo 29 de julio, conforme a los nuevos plazos legales.

Otra de las diligencias planteadas en este escrito es la declaración como investigado del responsable de comunicación de BBVA, Pablo García Tobin, «por su participación en la creación del Google Drive, su participación activa en el denominado ‘levantamiento de evidencias’ y porque, dada su posición, se evidencia un trato cercano al ex presidente de la entidad».

El objetivo, han manifestado, es «arrojar luz sobre el procedimiento de búsqueda de información de lo sucedido, especialmente determinar qué personas supieron del mismo, a quién se reportó y en qué término, y si se ha tratado de encubrir la participación de algún alto directivo o ejecutivo de la entidad».

El Ministerio Fiscal considera necesaria la comparecencia de García Tobin porque observa «una clara contradicción» entre la declaracíón realizada en sede judicial por la jefa de Seguridad de BBVA, Inés Díaz Ochagavia, el pasado mes de marzo y lo aportado por la defensa de BBVA.

Díaz Ochagavia dijo que cuando se publicó una noticia sobre presunto blanqueo de dinero que relacionaba al socio de Villarejo, Rafael Redondo, y a CENYT se la convocó a una reunión para determinar si la información que afectaba a BBVA era cierta. Según ella, García Tobin creó una primera carpeta en Google Drive para «levantar la información» que pudiera existir en el banco sobre los contratos con la empresa de Villarejo.

Al final se habrían creado varias carpetas con el relato de hechos que había efectuado el responsable de comunicación, informes y anexos, evidencia de envíos, contratos y facturas, detalló.

HABLA DE COLABORACIÓN «APARENTE» PERO NO «REAL»

La defensa del banco detuvo el interrogatorio anticipando que entregaría copia de dichos archivos, si bien Anticorrupción ha reprochado que «en la documentación referenciada por el BBVA no consta ni la carpeta creada por Paul Tobin, ni la relación específica de metadatos en que se puede realizar la trazabilidad desde la creación del archivo hasta la actualidad, lo que evidenciaría qué personas estuvieron autorizadas a acceder y si existió borrado de algún archivo».

Insiste en ello el Ministerio Público, según han aclarado Serrano y Cabaleiro, porque habría indicios de que el BBVA estuvo contratando a CENYT desde 2004 a través de su director corporativo Julio Corrrochano «al margen del procedimiento de selección de proveedores de la entidad», siendo una contratación «opaca» (…) para muchas de las personas que deberían haber tenido conocimiento de la misma».

Fiscalía llama la atención sobre el hecho de que «los sistemas de cumplimiento normativo o normas internas de control no detectaron nada, a pesar de los años en que se mantuvo, y a pesar de que, aparentemente y según la entidad, se estuvieron pagando facturas de forma continuada que no se encontraban respaldadas por contrato alguno, y a pesar de que el original o la copia escaneada de tales facturas ha desaparecido».

Los fiscales han destacado que, para justificar todo esto, «únicamente se apela al tamaño de la entidad y la multitud de operaciones existentes», lo cual ven «sorprendente» porque entienden que «precisamente por el tamaño e importancia de la entidad se cuenta con más medios para realizar una gestión ordenada, resultando simplemente inconcebible que una entidad como el BBVA apele a la pérdida de documentos que, sin ningún género de dudas, deberían de estar en su poder».

Además, han esgrimido que las grabaciones obtenidas en las entradas y registros, incluidos en la casa de Villarejo, «ponen en evidencia que Julio Corrochano trataba de estos temas con ‘el jefe'», siendo la «única persona» que puede responder a ello el propio Francisco González.

«Lo anterior, sitúa las irregularidades en las más altas instancias de los ejecutivos del banco, ejecutivos que, por otra parte, se mantienen en la actualidad y son los que dirigen la posición procesal de ‘colaboración’ de la entidad», han apostillado Serrano y Cabaleiro, añadiendo que por esa razón «lo aportado no responde a lo que se dijo se iba a aportar». «De ahí, que debamos hablar de aparente colaboración, y no de colaboración real», han remachado.

CUENTA DE QUEBRANTOS

También han solicitado al juez que cite a Fernando Alfonso Díaz como autor del informe pericial de GMV que «realiza el acto de adquisición de dichas evidencias electrónicas contenidas en la carpeta de Google Drive con título CENYT y sus subcarpetas», para que aclare «por qué no se presentaron los metadatos del archivo desde su creación».

Asimismo, quieren ahondar en el informe elaborado por PWC sobre la facturación, la contabilización y el pago a la empresa del comisario que aportó el propio banco al estimar de «suma importancia determinar el contexto del mismo, «ya que desde el BBVA se afirma que muy pocos conocían que detrás de CENYT estaba Villarejo, y del documento se desprende claramente lo contrario».

En concreto, han subrayado que «lo que se trataba de averiguar es por qué unas facturas emitidas por una empresa contratada por el BBVA, y cuyas facturas eran autorizadas, se abonan contra una cuenta de quebrantos y no frente a una cuenta de pago a proveedores, como las nociones básicas de contabilidad dicen que debería hacerse».

Por último, han pedido que la Policía acuda a la sucursal del BBVA donde en diciembre de 2004 se abrió la primera cuenta de CENYT para obtener información de la misma, incluidas las operaciones realizadas en ella. Es de «gran relevancia», han argumentado, «al constar que la apertura de la cuenta y la designación de la oficina fue ‘impuesta’ por el banco a Villarejo como forma más fácil para facilitar los pagos».

Fuente: Europa Press