Subordina el Consell per la República de Puigdemont a una mesa de coordinación independentista

   BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El preacuerdo alcanzado entre ERC y la CUP para investir a Pere Aragonès como presidente de la Generalitat incluye limitar la mesa de negociación Gobierno-Generalitat a dos años –el tiempo máximo que le queda a la legislatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez– y concluyen que ese espacio «solo puede consistir en la autodeterminación y la amnistía».

«Desde la crítica y el escepticismo la CUP se compromete a dar un cierto margen de tiempo a la Mesa de Negociación y no basará su apoyo u oposición al Govern en función de su existencia», recoge el documento consultado por Europa Press, que concreta que los ‘cupaires’ se mantendrán en una posición de oposición al PSOE y al Gobierno central, y que solo se plantearían formar parte de la mesa si logra el compromiso de autodeterminación y amnistía.

ERC apuesta por ese diálogo y la resolución política en ese espacio, pero se compromete a «no dilatar la mesa innecesariamente y propone que sus trabajos se sometan a una rendición de cuentas que permita su evaluación y desarrollo»; una rendición que consideran que tiene que tener una parte pública y otra más discreta, que debe realizarse en los espacios que quieren componer para desplegar la estrategia independentista.

Será este órgano de coordinación independentista el que resuelva las diferencias que se deriven de la negociación con el Estado, ya que son conscientes de que «implicará desafíos y contradicciones derivadas de provocaciones y críticas».

Consideran que siempre deberán priorizar el entendimiento a la división interna de los partidos favorables a la independencia, y el espacio de coordinación independentista será quien ponga en marcha los mecanismos para decidir «si el proceso de negociación debe continuar, y cómo, o si debe ser suspendido, aplazado o clausurado».

PRIMERA MITAD DE 2023

Además de la evaluación continuada de la mesa, el preacuerdo contempla que durante la primera mitad de 2023 la mesa de negociación valorará su trabajos en caso de que siga vigente, analizará si ha dado sus frutos y decidirá «cuáles son los pasos siguientes a seguir, incluida la eventual finalización de esta negociación».

Subrayan que el objetivo de la misma es «implementar y hacer efectivo el consenso al que se llegue en el espacio de consenso estratégico del independentismo»; en un documento que tanto ERC y la CUP someterán a sus órganos internos y que los republicanos trasladarán a Junts con quien quieren llegar a un acuerdo que sea acorde con lo pactado con los ‘cupaires’.

«NUEVO EMBATE»

El documento contempla dos escenarios posibles: el primero, que la mesa de diálogo con el Estado dé sus frutos y el Gobierno se abra a negociar una solución basada en la autodeterminación y la amnistía, y el segundo, que no ocurra esto, y entonces ERC y la CUP se comprometen a generar las condiciones para «plantear el nuevo embate democrático durante esta legislatura por la vía que el conjunto del independentismo valore como la más adecuada», priorizando el referéndum.

Asimismo, incluye el compromiso de los dos partidos de que la Mesa del Parlament garantice los derechos materiales, civiles y políticos «pese a las consecuencias que puedan suponer», y apuestan por reformar el reglamento de la Cámara para garantizar su soberanía.

También contemplan la confrontación con el Estado para blindar derechos en ámbitos como la vivienda, derechos de ciudadanía, derechos y libertades, suministros, antifascismo y ecologismo, para «superar el terreno simbólico», y para ello crearán un grupo de trabajo juridicopolítico que estudie cómo llevarlo a cabo y cómo evitar consecuencias para los funcionarios.

COORDINACIÓN INDEPENDENTISTA

El preacuerdo de ERC y la CUP incluye generar una mesa de dirección estratégica independientemente del resultado de las negociaciones de la investidura en la que tienen que participar los partidos y entidades independentistas.

Esta mesa debe servir «para trazar las líneas estratégicas, preparar las condiciones para el nuevo embate democrático con el Estado» y establece que se debe convocar lo más pronto posible y tiene que quedarse fuera del foco de las disputas del día a día coyunturales o tácticas entre los partidos.

En los últimos días ha trascendido que uno de los principales escollos de las negociaciones entre ERC y Junts para alcanzar un acuerdo es qué órgano debe coordinar la estrategia del independentismo y el papel que debe jugar el Consell per la República, al que Junts quiere dar más peso, los republicanos son reticentes y los ‘cupaires’ ni tan siquiera participan en él.

En este sentido, el preacuerdo subordina el Consell per la República a la mesa de coordinación estratégica y, aunque no especifica su función, sitúan al Consell que dirige el expresidente Carles Puigdemont al mismo nivel que la Assemblea de Càrrecs Electes, en la que sí que participa la CUP.

«En esta mesa se deberá acordar cómo se establece la coordinación entre todos los espacios existentes, como el Consell per la República o la Assemblea de Càrrecs Electes y se deberán establecer los grupos de trabajo necesarios», concretan.

ESTABILIDAD Y COORDINACIÓN

El documento va acompañado de mecanismos y órganos de coordinación entre ambos partidos para garantizar la estabilidad de la legislatura y el cumplimiento de los pactos, y ,no de ellos es el anunciado el lunes por el candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, de someterse a una cuestión de confianza en la primera mitad de 2023.

En este punto, la CUP «se compromete a trabajar para facilitar la gobernanza en todas aquellas cuestiones vinculadas a los compromisos adquiridos y que los impliquen de forma concreta incluyendo la estabilidad presupuestaria», si los Presupuestos recogen las partidas necesarias para desplegar los puntos del acuerdo.

Para coordinarse y monitorizar los pactos crearán varios grupos de trabajo, como el Comité Permanente de Seguimiento, que se reunirá cada mes para evaluar el cumplimiento de los acuerdos, y la Comisión de Coordinación Parlament-Govern, que hará un seguimiento técnico-político de los acuerdos y la coordinación con la acción del Govern, reuniéndose de manera semanal.

Además, tendrán grupos de trabajo sectoriales para abordar temas en los que no hay un pacto cerrado, y también contemplan grupos de trabajo en el ámbito presupuestario y en el análisis de los grandes proyectos urbanísticos e infraestructuras.

Fuente: Europa Press