VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) –

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) reclama «respeto y apoyo» a la actuación policial que se llevó a cabo durante el estado de alarma por la Covid-19 en el barrio del Cabanayal, donde se multó al restaurante La Lusitana Tasca por repartir alimentos a las familias necesitadas.

Según explica el sindicato en un comunicado, durante la primera semana del estado de alarma, una patrulla de Policía Local de València actuó en este establecimiento de hostelería de la ciudad, puesto que «se habían habilitado varias mesas a modo de mostrador y se estaban dispensando productos de alimentación directamente en la vía pública».

Esta acción que se encontraba prohibida por el artículo 10.4 del Decreto 463/2020 que señala que «se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio».

Por este motivo, la patrulla de la 7ª UDI, «cumpliendo con la legalidad vigente», procedió a levantar acta al citado establecimiento, poniendo en conocimiento del Ayuntamiento la actividad que en ese local se estaba llevando a cabo.

Ante la polémica que se ha levantado respecto a esta sanción el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos quiere «dejar constancia de determinadas situaciones que no deben ser obviadas ni malinterpretadas».

Esta misma semana, el alcalde de València se pronunciaba sobre este hecho: «No tiene ningún sentido multar a quien reparte solidaridad». «Parece que la sanción tuvo lugar en los primeros días de confinamiento, cuando las indicaciones de las autoridades sanitarias estaban definiéndose. Se revisarán los hechos y se actuará conforme a la ley y a la lógica humanitaria», apuntaba en su cuenta de Twitter.

Desde SPPLB defienden que «en todo momento los policías actuantes mantuvieron el decoro requerido» en cualquier actuación policial y explicaron claramente al propietario del local y a los allí presentes los motivos por los que se levantaba la correspondiente acta, motivos que recogieron en la misma. Asimismo explicaron sólo se podía realizar reparto a domicilio, tal y como la normativa establecía en ese momento.

Además, el sindicato aclara que la Policía Local lo que realiza es una denuncia o propuesta de sanción, que posteriormente el órgano competente, en este caso del Ayuntamiento de València, debe ratificar y sancionar, si lo estima oportuno.

«La Policía no sanciona, denuncia; y, por supuesto, no es la encargada de establecer la cuantía económica que corresponda para el hecho denunciado», añade el sindicato en su comunicado.

Desde el SPPLB manifiestan «todo el apoyo a los policías actuantes y quieren trasladar a la opinión pública la «correcta actuación» de estos.

Por su parte, desde el restaurante, en un vídeo difundido en redes sociales, el propietario del restaurante, Javier, explica que cuando se vio obligado a cerrar por la declaración del estado de alarma se dio cuenta de que tenía «mucha comida en stock y quería donarla a colectivos y gente vulnerable del barrio».

Por ello, continúa, se puso en contacto con Cruz Roja, los trabajadores del centro de salud del barrio y Policía Local «para ver cuál era la mejor forma de llevarlo a cabo».

«Y así hicimos», sostiene el propietario, que explica que el 17 de marzo hicieron un reparto de 84 raciones de comida a familias derivadas de la asociación Brúfol y Espai Veïnal que acudían al local cada diez minutos. Un representante por familia «manteniendo la distancia de seguridad» mientras ellos iban ataviados con sus EPI, ha agregado.

A las 16.30 horas, según su relato, terminaron el reparto y llegó la Policía Local «con tono amenazante, diciéndole a una compañera voluntaria que se dejara de hacer de buena samaritana» y a él mismo que le iba a cerrar el negocio. «No estábamos haciendo ninguna actividad ilegal, el BOE lo contemplaba, el policía dijo que le daba igual lo que ponía en el BOE y que si no teníamos permiso de Delegación del Gobierno no podíamos hacer tal cosa», incide.

Fuente: Europa Press