Niega las acusaciones y sostiene que tras su abdicación solo le puede juzgar el Tribunal Supremo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La defensa del rey emérito Juan Carlos I ha asegurado que «Su Majestad goza de inmunidad» y que la justicia británica no es competente para atender la demanda presentada por Corinna Larsen que se estudia este lunes y martes en los Reales Tribunales de Justicia, en Londres.

En su demanda, la ex amiga íntima del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por la contratación a «exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de «poner fin al acoso» que dice haber recibido por parte de Juan Carlos I.

Ahora, la defensa del emérito –a cargo del despacho Clifford Chance– ha presentado sus alegaciones ante el juez Matthew Nicklin en una vista preliminar. El letrado Daniel Bethlehem ha defendido los argumentos esgrimidos en un texto de 26 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que niega todas las acusaciones vertidas por Larsen e insiste en que el órgano competente para atender cualquier procedimiento sobre hechos vinculados al monarca posterior a su abdicación es el Tribunal Supremo español.

Bethlehem ha explicado que «hay al menos tres cuestiones de inmunidad que son pertinentes» en este caso. Ha defendido que Juan Carlos I es miembro de la Casa Real y se ha amparado en la Ley de Inmunidad del Estado aprobada en Reino Unido en 1978, cuyo ámbito de aplicación se extiende al soberano y a los miembros de su familia que forman parte de la Casa Real.

SOLO EL SUPREMO PUEDE JUZGAR A JUAN CARLOS I

Según la defensa, este caso se aplica al rey emérito, quien «tiene derecho a inmunidad de la jurisdicción de los tribunales británicos en su calidad de miembro de alto rango de la Familia Real Española y la Casa Real de España, incluso en relación con las reclamaciones planteadas en este procedimiento».

En este sentido, ha subrayado que «es evidente que Su Majestad es miembro de la familia del Rey Felipe VI formando parte de su hogar y, por lo tanto, tiene derecho a inmunidad en virtud de la Ley de Inmunidad del Estado».

En el marco del escrito, Bethlehem ha precisado que dicha inmunidad «no coloca a Su Majestad por encima de la ley», sino que «reconoce que, dado el carácter constitucional del cargo de Su Majestad, está debidamente sometido a la jurisdicción del Tribunal Supremo de España y solo del Tribunal Supremo de España».

«No es, ni puede ser, de interés público de Reino Unido y sus tribunales juzguen las acusaciones formuladas contra Su Majestad», ha añadido la defensa.

RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS MONARQUÍAS

Como parte de su estrategia de defensa, el letrado ha alegado además que existe un interés público de «proteger la dignidad del Rey y miembros cercanos de la familia». En este sentido, ha hecho referencia a la jurisprudencia de los tribunales británicos y ha recordado que dicha apreciación ha sido «expresamente reconocida» por la justicia de ese país en el caso de la Reina Isabel II y miembros cercanos de la Familia Real Británica.

Así, ha insistido en que este «reconocimiento constitucional» aplicable a la Familia Real Británica ha sido reconocido por Reino Unido durante siglos con respecto a los soberanos y miembros cercanos de la familias reales de otras monarquías.

«Es la piedra angular del principio de inmunidad soberana», ha señalado para luego añadir que en el caso de España esta apreciación se refleja en un tratado de compromiso que se remonta a hace más de 400 años y que fue firmado por los antepasados de la Reina Isabel II y de Juan Carlos I en el Tratado de Paz y Amistad de Utrecht de 1713.

CORINNA LARSEN DENUNCIA AMENAZAS

Así, la defensa del rey emérito se ha enfrentado a las acusaciones presentadas por Larsen. En su demanda, la empresaria aseguró que la Agencia Nacional de Inteligencia de España –CNI–, su entonces titular Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno «bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal vigilancia, invadir su propiedad en la que residía y espiar en sus teléfonos y ordenadores».

En el marco del escrito, aseguró haber «sufrido gran angustia, ansiedad, privaciones de sueño y preocupación por su propia seguridad física y la de sus hijos». Insistió, además, en que «ha sido objeto de una continua amenaza de daño físico, intrusión y vigilancia» por parte del rey emérito, por lo que también pidió que el monarca no se pueda acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias.

Además de la indemnización que Larsen reclamó por gastos médicos, de seguridad y de asesoría, también pidió que se diera cobertura a los gastos a los que dice que tuvo que hacer frente para contratar a su personal de relaciones públicas y comunicación para «mitigar los daños causados» a su reputación en la prensa.

En la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, no precisa el monto a requerir al monarca, pero sí ha señalado que espera recibir los intereses correspondientes de conformidad con la ley por el importe y el periodo que el tribunal londinense considere oportuno.

EL MONARCA NIEGA CUALQUIER PRESUNTA IRREGULARIDAD

La defensa de Juan Carlos I ha asegurado en el marco de sus alegaciones que «Su Majestad rechaza las acusaciones realizadas en su contra» y ha subrayado, además, que niega «cualquier presunta irregularidad por parte del Estado español».

En línea con el argumento relativo a la falta de competencia de los tribunales británicos, la defensa ha destacado que aún en el caso de que los hechos relatados por Larsen fuesen ciertos, las «numerosas afirmaciones fácticas» que sustentan su demanda «no tienen un nexo territorial evidente con Inglaterra y Gales», ya que –según recoge el texto contra el monarca– porque se dice que ocurrieron en Mónaco, Suiza, Abu Dhabi, Los Ángeles y Tahití, Austria, Riyadh, Bahamas y en un vuelo de Londres a Nueva York.

Asimismo, el letrado ha precisado que los hechos habrían tenido lugar cuando Juan Carlos I aún era Jefe de Estado y que tal conducta, «incluso si fuera abusiva o ilegal» hubiese estado amparada por el ejercicio oficial de sus funciones como Rey de España.

Fuente: Europa Press