Ahora prefiere que el Gobierno proponga candidatos sin selección previa para que luego el Congreso avale su idoneidad por mayoría cualificada

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) –

El PSOE ha renunciado a su idea inicial de unificar el método de elección de los máximos responsables de los órganos reguladores y las autoridades independientes de manera que los candidatos surgieran de un concurso público convocado por el Gobierno, como ya rige para la Agencia Española de Protección de Datos (AEPDE).

Esa era la propuesta que habían lanzado los socialistas en el marco de la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, a la que se encargó elaborar un informe con recetas para reforzar la imparcialidad e independencia de las autoridades administrativas independientes.

El PSOE pactó con Más País una propuesta de conclusiones que la subcomisión que lleva a cabo estos trabajos acordó, con apoyo de Unidas Podemos y ERC, tomar como texto base para la elaboración de su informe final, que tendrá que aprobarse primero en la comisión que preside Íñigo Errejón y después en el Pleno del Congreso.

Sin embargo, los socialistas se han ‘autoenmendado’ y ahora ya no ven necesario promover «una normativa que afecte a todas las autoridades independientes por igual» y que introduzca «la obligatoriedad de que el Ministerio correspondiente publicara, antes del nombramiento, una convocatoria pública de candidatos y candidatas, como ocurre ya en el proceso para el nombramiento para la Presidencia de la AEPD».

En sus enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE apuesta ahora por suprimir del borrador de conclusiones esa unificación legislativa que planteó inicialmente y recalca que no hay necesidad de homogeneización.

SINGULARIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA

Las propuestas que defienden el PSOE y Más País afectarían un total de siete administraciones independientes: Agencia de Protección de Datos, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Quedaría fuera el Banco de España. En este contexto, a finales de enero la subcomisión ya aprobó una enmienda del PSOE para destacar la singularidad de la naturaleza jurídica de esta institución, pero también avaló otra de Más País que apuesta por no limitar las recomendaciones que se aprueben a las siete administraciones independientes citadas, sino que éstas se puedan extender a otros organismos de este tipo.

Se da la circunstancia de que la subcomisión analizó esas dos enmiendas en medio de la polémica por la renovación de la Agencia Española de Protección de Datos, un asunto ha provocado un aviso al Gobierno por parte de las autoridades comunitarias porque los nombres de los futuros responsables se dieron a conocer antes incluso de convocar el concurso preceptivo.

POLÉMICA POR LA RENOVACIÓN DE LA AEPD

El Ejecutivo incluyó la renovación de la AEPD en el pacto que cerró con el PP a finales de octubre para designar nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. En concreto, ambas partes acordaron nombrar presidenta a Belén Cardona, a propuesta del PSOE, y adjunto a Borja Adsuara, por sugerencia del PP.

Y un mes después, el 18 de noviembre, se convocó el concurso público para elegir a los mejores candidatos para el puesto. Según la legislación vigente, tras evaluar a los aspirantes, es el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, el que debe proponer candidatos a presidente y adjunto. Ambos han de ser ratificados por la Comisión de Justicia en el Congreso.

ESPECIFICAR LOS MÉRITOS NECESARIOS

En su nueva remesa de enmiendas, el grupo parlamentario que capitanea Héctor Gómez se reafirma en que «en general, los requisitos» para acceder de dichas instituciones son «excesivamente laxos», pero en su enmienda va más allá y, además de señalar esa deficiencia, llama a «concretar» en qué consiste la «competencia» y la «profesionalidad» que debe exigirse a los aspirantes a dirigir los reguladores y a especificar «con mucho más detalle los méritos concretos con los que deben contar».

«En definitiva –señala– sería conveniente concretar con más detalle para cada autoridad independiente los elementos de competencia y profesionalidad que son necesarios, en correspondencia a la materia específica de cada una de ellas, para poder ejercer la función directiva salvaguardando el interés general y la independencia de criterios. Y ello, por la especificidad de cada autoridad, sólo se puede hacer en cada una de sus leyes de creación, sin necesidad de homogeneizar dichos requisitos».

Por contra, el PSOE sí mantiene su planteamiento inicial de «unificar» los órganos que proponen y deciden estos nombramientos». En el borrador de conclusiones que pactó con Más País, recogido por Europa Press, defienden que siga siendo el Ejecutivo quien proponga a los candidatos a las Cortes, pero reforzando el papel de las Cámaras tanto en la elección de los máximos responsables como en su control posterior. Ninguno de los dos partidos ha registrado enmiendas a estos apartados.

MAYOR CONTROL DEL CONGRESO

Así, se mantienen en que habría que crear un órgano similar a la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, pero «reforzada». «Tendría, precisamente por estar focalizada en esta función, más posibilidades de realizar ‘hearings’ (comparecencias) más parecidos a los que se desarrollan en otros sistemas democráticos, como Estados Unidos, donde se produce una seria y exhaustiva investigación sobre el perfil profesional de las personas propuestas, lo que redundaría en una clara mejora del sistema de selección», reza el documento.

Además, defienden que para aprobar el informe de idoneidad se «exija mayoría cualificada» y que éste no pueda salir adelante «en ningún caso» con «el voto afirmativo de un único grupo parlamentario».

Esta Comisión de Nombramientos debería tener entre sus tareas controlar a los órganos reguladores y autoridades independientes con más intensidad que en la actualidad, aumentando el régimen de comparecencias, que ahora generalmente está fijado en una al año, y haciéndolas más dinámicas para facilitar la obtención de respuestas, siguiendo el modelo anglosajón.

También correspondería a esta comisión la elaboración de códigos éticos que obliguen a sus máximos responsables e incluyan un régimen de infracciones y sanciones si se incumple, así como la función de actuar para detectar posibles incompatibilidades.

MANDATOS DE SEIS AÑOS

Asimismo, abogan por homogeneizar la normativa sobre la duración de mandatos en todas estas entidades, de manera que no coincidan con las legislaturas para reforzar así la independencia de sus responsables. En concreto, sugieren mandatos de seis años, una cifra que sobrepasa la legislatura política y que permite «trazar objetivo a medio plazo» logrando una gestión «más eficaz».

También proponen la conveniencia de dotar suficientemente en los Presupuestos a estas entidades, así como la posibilidad de ampliar su autonomía financiera, de manera que, aunque sigan dependiendo de las cuentas públicas, puedan decidir pequeñas modificaciones presupuestarias sin tener que consultar todo con Hacienda.

Respecto a los salarios, piden evitar discriminaciones entre el personal de las administraciones independientes y el de la Administración General del Estado y entre las propias autoridades entre sí, y abogan por que el grueso de su personal sean funcionarios y las plantillas estén bien dotadas.

Fuente: Europa Press