El caso de la caída del Banco Popular, que ha provocado más de 12.000 reclamaciones en diferentes instituciones, ha dado un paso definitivo. Apuntan que la entidad era viable cuando quebró, pero sus cuentas tenían numerosas irregularidades contables que ocultaron su verdadera situación patrimonial porque no provisionó adecuadamente la morosidad inmobiliaria.

La entidad fue intervenida por la Junta Única de Resolución (JUR), el 7 de junio de 2017 tras sufrir fugas de depósitos superiores a 16.000 millones ante las dudas sobre su viabilidad. Los accionistas y los bonistas perdieron 2.000 millones y estos recursos pasaron al Santander, que adquirió la entidad por un euro.

Los peritos del Banco de España, Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo, que trabajan para el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, concluyen que no se puede afirmar que el banco «era inviable» pero sí que sus cuentas tenían numerosas irregularidades contables que ocultaron su verdadera situación patrimonial porque no provisionó adecuadamente la morosidad inmobiliaria. Esta situación perjudicó a los inversores que acudieron a la ampliación de capital de mayo de 2016 y a los que se mantuvieron en el accionariado hasta su quiebra.

Incluso apuntan que en 2014 debía haber admitido su verdadera situación con graves pérdidas, aunque «es posible que hubiese precisado ayudas públicas para cumplir los requerimientos de solvencia». Los gestores prolongaron tres años y medio más su agonía porque no querían que entrara el Estado en su capital (y así perder sus puestos), pero no salvaron ni al banco ni a los accionistas.

Luis Linde, exgobernador del Banco de España, dijo en el Congreso en abril de 2018 que «quizá fue una mala decisión» no inyectar capital público en 2012, cuando se rescataron las cajas de ahorros. Los peritos lo corroboran y señalan que al no conseguir que una entidad de «prestigio» le hubiera inyectado el capital necesario, «lo tendría que haber hecho el supervisor a través de una «fuerte» inyección de dinero público.

Ocultación de las refinanciaciones

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Los peritos apuntan en el informe de 439 páginas: «Las cuentas anuales que se reflejaban en el folleto de la ampliación de capital no respetaban determinados aspectos de la normativa contable, en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas en dudoso. En nuestra opinión, las cuentas de 2015 no respetaban determinados aspectos del marco contable del Banco de España siendo la corrección parcial de algunos de ellos lo que causó las pérdidas a diciembre de 2016».

En el informe se explica que hasta octubre de 2016 las normas internacionales de contabilidad eran más laxas que las del Banco de España para la morosidad y el Popular se acogió a las primeras. Sin embargo, el resto de entidades seguían las indicaciones del supervisor español, que en abril de 2013 envió una misiva a las entidades para que siguieran criterios más estrictos con las provisiones y la refinanciación inmobiliaria. ADICAE, que representa a 934 afectados, entiende que “ni el folleto de la ampliación ni la ampliación misma reflejaban la realidad contable del Popular”.

Estos particulares criterios contables ideados por sus gestores pasaron los controles de sus auditores internos, los externos (PwC) y de los supervisores. Al final, como es sabido, la causa de la resolución de la entidad se debió a tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo trimestre de 2017, siendo el que se origina el 31 de mayo de especial gravedad.

Los peritos han dejado claro ante el juez José Luis Calama que el Popular amplió capital con una contabilidad que reflejaba partidas «demasiado optimistas, en especial la evolución prevista de dudosos lo que, unido a la baja cobertura planificada para los adjudicados, invalidaba las estimaciones de cobertura, pérdidas y solvencia de este documento».

Pero el documento también deja claro que, en enero de 2017, los inversores podían conocer que el saneamiento de los activos «no había finalizado» y que «las correcciones por deterioro estimadas para este ejercicio por el propio banco eran de 1.700 millones. Esta necesidad de continuar el saneamiento era, en su mayor parte, conocida por los inversores y se derivaba de elevar el ratio de cobertura». Durante años, los gestores del Popular se negaron a admitir que tenían que elevar las coberturas de sus morosos, una situación que les pesó como una losa ante el mercado y les llevó hasta su final.

Se apunta que «su control interno presentaba debilidades» y que eso sí fue detectado «por una inspección del BCE [Banco Central Europeo]», y se puso de manifiesto en un hecho relevante de 3 de abril de 2017. «No nos es posible cuantificar el impacto de los incumplimientos a la normativa» en diciembre de 2016, «por la sobrevaloración de las tasaciones, pero creemos que se puede tomar como máximo la estimación incluida en el plan de negocio aprobado el 31 de mayo de 2017 en el que se cuantificaban pérdidas de ese año por 1.915 millones por las provisiones de inversión crediticia y adjudicados de 4.180 millones. Este importe, al igual que los 5.254 millones registrados en 2016, estaba vinculado en su mayoría a activos inmobiliarios y créditos concedidos a empresas de este sector durante la fase expansiva de la economía que finalizó abruptamente en 2007». Este es un resumen de lo que le pasó al Popular.

Antes de la ampliación de 2015, los peritos señalan que «las cuentas del 2015 no respetaban determinados aspectos del marco contable como la liberación de provisiones de adjudicados con un recorte del 10% y a la aplicación de criterios sobre identificación y clasificación de refinanciaciones que se había comunicado a la entidades en 2013 en el marco del MoU [ memorándum de entendimiento por sus siglas en inglés] firmado por España para la restructuración del sistema financiero».

Indican que fue de «especial relevancia la identificación de refinanciaciones y su clasificación contable puesto que si no se identifican adecuadamente los créditos dudosos no es posible para los terceros valorar la política de la entidad en la cobertura de activos puesto que desconoce la base de los activos que precisan cobertura».

También apuntan que la falta de control interno adecuado no permitió detectar «el uso de tasaciones no acordes con la política contable interna». «Esta debilidad de control interno tiene otras manifestaciones como son los ajustes sobre las garantías, la liberación de las provisiones existentes en el momento de la adjudicación o el posible incumplimiento» del decreto Guindos I (normativa bancaria que obligaba a reconocer pérdidas inmobiliarias con más realismo) «en una nueva inspección del Banco Central Europeo sobre los adjudicados de la entidad realizada en el ejercicio 2017».

Esta falta de control interno provoca, según los peritos, que no se puedan cuantificar los deterioros de los activos financieros y no financieros, «pero estimamos que el impacto era significativo», mantienen. No obstante, recuerdan que cuando Ángel Ron presidía el Popular, en diciembre de 2016, se esperaban deterioros para 2017 de 1.700 millones. «En cambio, el 31 de mayo de 2017, con la nueva dirección», bajo la presidencia de Emilio Saracho, «preveía pérdidas en el ejercicio de 1.915 millones para completar el saneamiento de los activos y retornar la normalidad a los beneficios mediante unos cargos por deterioro en ese año de 4.180 millones».

Banco viable

Pese a todo lo anterior, los peritos dicen: «Es importante señalar que lo anterior no implica que Banco Popular fuese inviable. Así, en primer lugar, como se dice en la propia acta de la Comisión de Auditoría al presentar este plan, parte de los importes del mismo son estimaciones y, en segundo lugar, su patrimonio neto era 11.088 millones, por tanto, más que suficiente para absorber estas pérdidas, presentando una capacidad de generación recurrente de beneficios anuales antes de provisiones en torno a 1.150 millones».

A continuación, explica que «si el crédito refinanciado se hubiese clasificado en dudoso en 2014, las correcciones por deterioro correspondientes, que se realizaron en parte en 2014, 2015 y 2016, se hubiesen producido íntegramente en ese ejercicio resultando en pérdidas en 2014 y mayores beneficios en los años siguientes. Esto último es un ejercicio teórico, puesto que no es posible saber qué hubiera pasado al dar estas pérdidas. Es posible que el banco hubiese precisado ayudas públicas para cumplir los requerimientos de solvencia lo que hubiese implicado un plan de restructuración al igual que el resto de bancos recapitalizados en el entorno del MoU».

La razón por la que no se incrementaron las coberturas de los morosos queda claro en el documento: «A diciembre de 2016, una razón para diferir el saneamiento de los activos adjudicados es que incrementar su cobertura hasta el 50% implicaría pérdidas mayores, en torno a 1.880 millones, lo que podría provocar una crisis de la entidad similar a la producida en el segundo trimestre del 2017». De nada le sirvió al Popular tratar de disimular su verdadera situación durante años. Incluso se deduce del informe que sus problemas se hicieron más grandes con el paso de los años incluso aunque la economía empezó a enderezarse en 2013. Pero eso no ayudó al Popular.

Fuente: El País