La ex senadora ‘morada’ Celia Cánovas quiere conocer el destino de los 5.500 euros que donó a este proyecto

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) –

El juez del caso ‘Neurona’, Juan José Escalonilla, ha ampliado la investigación al Proyecto Impulsa de Podemos al considerar que hay «indicios racionales» de que las donaciones realizadas por la ex senadora ‘morada’ y acusación particular en esta causa, Celia Cánovas, a esta caja en el año 2016 no habrían sido utilizadas para la «finalidad altruista» a la que estaban destinadas.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha accedido así a la petición formulada por Cánovas, que apuntó a presuntos delitos de administración desleal o apropiación indebida de los 5.500 euros que donó al Proyecto Impulsa entre junio de 2016 y febrero de 2017 con cargo a su sueldo en la Cámara Alta, según un auto del 7 de julio al que ha tenido acceso Europa Press.

Y ello porque, en base a la documentación aportada por Cánovas sobre el presupuesto ‘morado’ de 2016, en el primer trimestre no se efectuó gasto alguno en Impulsa y en los dos siguientes los fondos se usaron en cada uno de ellos para «gastos por desplazamiento» por un importe de 15.000 euros, «no pareciendo por tanto que dichos gastos respondan a fin altruista alguno», ha señalado el instructor, precisando que no tiene las cuentas del cuarto trimestre de ese año.

«Por todo ello, y ante la existencia de indicios racionales expositivos de que las donaciones efectuadas por Celia Cánovas al Proyecto Impulsa en el año 2016 no parece que fueran finalmente utilizadas para la finalidad altruista a la que iban destinadas, procede ampliar el objeto de la presente causa a la investigación del destino que el partido político Podemos dio a las donaciones realizadas a dicho proyecto durante dicho ejercicio», ha concluido.

El magistrado ha dado diez días a la formación ‘morada’ para presentar documentación acreditativa del dinero recaudado en 2016 a los donantes de Impulsa, tanto cargos públicos como otros, y del destino que se dio al dinero, así como la información relativa a la creación de este proyecto, identificando a las personas encargadas de gestionar sus fondos. También ha requerido a Podemos el presupuesto del cuarto trimestre de 2016.

Impulsa, conforme consta en la página web, «nace con el fin de constituirse como una herramienta que permita el desarrollo de proyectos innovadores con proyección social» y se financia con el «excedente» de los cargos públicos electos de Podemos.

ACOTA LAS PESQUISAS SOBRE LA CAJA DE SOLIDARIDAD

Sin embargo, en el mismo auto Escalonilla ha rechazado otras diligencias planteadas por Cánovas en las que pedía ahondar en las investigaciones sobre la Caja de Solidaridad y las donaciones a la Asociación #404 Comunicación Popular.

En este caso, el instructor ha razonado que el hecho de que Impulsa tuviera una finalidad altruista «no supone en modo alguno que tuviera relación con la Caja de Solidaridad».

«No es objeto de la presente causa realizar una investigación de todas las disposiciones efectuadas por la Caja de Solidaridad del partido político Podemos, lo que convertiría el presente procedimiento en una investigación prospectiva», ha sostenido.

En este sentido, ha recordado que solo es objeto de investigación la cantidad de 50.000 euros que recibió #404 Comunicación Popular de la Caja de Solidaridad de la organización política entre los años 2019 y 2020.

También ha denegado las diligencias solicitadas por Cánovas respecto a la citada asociación, poniendo de relieve que aún está a la espera de recibir el informe que encargó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para averiguar en qué empleó esos 50.000 euros, sin perjuicio de que acceda a ello cuando reciba el dossier policial.

LA FISCALÍA ADVIERTE SOBRE UNA «CONSTANTE AUDITORÍA»

El magistrado ha resuelto en contra de la opinión de la fiscal Lorena Álvarez de Taboada que, en un escrito del pasado 30 de junio, al que también ha tenido acceso Europa Press, se posicionó en contra de ampliar la investigación esgrimiendo que «este procedimiento no puede convertirse en una constante auditoria de las cuentas de Podemos», algo que –recalcó– en todo caso corresponde al Tribunal de Cuentas.

La fiscal argumentó que, si bien ha quedado acreditado que hubo aportaciones a Impulsa, «el hecho de que no queden reflejadas en el presupuesto de 2016 (…) no determina por sí la existencia de indicio alguno, apostillando además que «nada se refiere en relación a las cuentas del partido sometidas a fiscalización».

De acuerdo con Álvarez de Taboada, «la lógica impone que los presupuestos son anteriores al ejercicio (2016), resultando que la constitución puede ser posterior, sin que el hecho de que un proyecto cuyo único objeto es la donación por decisión de los inscritos del partido determine la necesidad de actividad, sueldos o salarios», por lo que solo bastaría con que un órgano de Podemos examinara los proyectos «sin necesidad de más infraestructura».

«Y lo mismo puede decirse en relación a la falta de destino de cantidades en las áreas de cultura, medio ambiente o mundo rural, que bien puede significar que se destinaron a este fin con otras denominaciones o que, en ese año, no fueron una de las prioridades del partido», añadió.

PODEMOS DENUNCIÓ «UN PROCESO SIN TOPE»

Podemos se opuso igualmente en un escrito a las peticiones de Cánovas alegando que no aportaba ningún indicio de irregularidad y defendiendo al mismo tiempo que «las cuentas se encuentran plenamente fiscalizadas» y que «difícil resulta hablar de opacidad cuando, como consta en fuentes públicas, la entrega de premios y destino de los fondos del proyecto Impulsa se llevó a cabo en público».

En este punto recalcó que la propia Cánovas dijo en su declaración como testigo del pasado mes de junio «haber participado en el proyecto Impulsa coordinando e incluso adjudicando los fondos destinados a los citados fines, reconociendo también que nunca consultó ni advirtió sobre ninguna supuesta irregularidad». No obstante, Escalonilla ha estimado que «en nada influye» esto en su decisión de abrir una nueva línea de investigación.

Al igual que el Ministerio Público, el partido avisó de que indagar en «hechos de los que no se deduce nexo alguno» con el asunto principal conllevaría el riesgo de someter a las personas investigadas a «una suerte de instrucción permanente», «un proceso penal sin tope alguno», «al albur de lo que vayan solicitando las acusaciones, que no pueden tener un derecho incondicional a la práctica de pruebas».

NUEVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Escalonilla inaugura de esta forma una nueva línea de investigación para esta causa, cuyo eje es el contrato de 363.000 euros que Podemos firmó con Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. El juez cree que fue un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’, por lo que la actividad probatoria se centra en determinar si la mercantil trabajó realmente para el partido.

De los demás asuntos que constaban en la denuncia original del ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, el instructor ha cerrado las pesquisas relativas a los supuestos sobresueldos, los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede de Podemos y el presunto acceso no consentido a un ordenador de la abogada Marta Flor.

Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, se ha abierto causa en el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid sobre el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.

Fuente: Europa Press