Pistoletazo de salida a los Presupuestos de 2020 que darán carpetazo definitivo a los de Mariano Rajoy. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este martes una nueva senda de déficit público más suave, retrasando así el saneamiento que pide Bruselas. Pese a todo, tendrá que hacer un ajuste de unos 8.000 millones para cumplir con lo pactado con las instituciones europeas.

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El nuevo pronóstico del Gobierno para este año pasa por reducir el agujero fiscal desde el 2,4% del PIB en que cerró el año pasado hasta el 1,8%, lo que supone un ajuste de cerca de 8.000 millones. Se trata de una meta más alcanzable que el 0,5% fijado por el PP en 2017, el objetivo que aún está en vigor hasta que la nueva senda obtenga el sí parlamentario, o el 1,1% de las anteriores previsiones del Gobierno. Para el periodo 2021-2023, el desfase entre ingresos y gastos públicos será del 1,5%, 1,2% y 0,9% respectivamente. Esto quiere decir que España no alcanzará el equilibrio fiscal hasta, al menos, 2024.

La ceremonia presupuestaria también incluye la aprobación del techo de gasto, la cantidad que como máximo podrán gastar los ministerios. Y este crece hasta los 127.609 millones, un 3,8% más, según aprobó este martes el Gobierno, que justificó el aumento por los frutos del crecimiento económico, la mayor recaudación por las subidas tributarias y los nuevos impuestos, que aprobará en breve. Esta propuesta tendrá que lograr el aval de las Cortes.

La ministra no ofreció nuevos detalles sobre el calendario que prevé para las nuevas cuentas: se limitó a decir que está prevista su aprobación antes del verano. Para tenerlos listos para esa fecha tendrán que presentar el proyecto de Presupuestos a principios de marzo puesto que la tramitación parlamentaria dura tres meses. Montero justificó la escasa concreción en la ausencia de una mayoría parlamentaria, que hará necesaria una ardua negociación. La ministra recalcó que los nuevos objetivos fiscales son adecuados para garantizar la estabilidad presupuestaria sin renunciar a la “seña de identidad de un Gobierno de progreso”. En otras palabras: permitirán aumentar el gasto social sin desentenderse del saneamiento de las cuentas públicas.

La semana pasada, en el Consejo de Política Fiscal —la reunión entre las comunidades y el Gobierno central para debatir asuntos económicos—, Montero ya suavizó los objetivos de déficit para las regiones, en parte para compensar los 2.500 millones del IVA de 2017 que la Administración central se niega a devolver.

CC OO se mostró pesimista sobre las nuevas cifras: el sindicato insistió en la necesidad de una reforma fiscal “en profundidad” al estimar que 2019 cerró con un déficit del 2,6%, lo que requeriría un ajuste de 10.250 millones para cumplir el objetivo aprobado este martes.

Fuente: El País