Pistoletazo de salida al diseño de unos nuevos Presupuestos que den carpetazo definitivo a las cuentas de Mariano Rajoy. El Gobierno lleva más de un año trabajando con las previsiones diseñadas por el anterior Ejecutivo después de que su propuesta fuera tumbada en 2018 y diera pie a la convocatoria de elecciones en abril del año pasado.

MÁS INFORMACIÓN

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este martes una nueva senda de déficit, más suave, para retrasar el ajuste que pide Bruselas: para el año vigente será del 1,8% —frente al 0,5% fijado por la anterior hoja de ruta fijada por el PP en 2017 y aún en vigor—, y para el periodo 2021-2023 del 1,5%, 1,2% y 0,9%.

El límite de gasto no financiero —conocido popularmente como techo de gasto— se eleva hasta los 127.609 millones, frente a los 122.899 calculado para 2019, un 3,8% más. Esta propuesta tendrá ahora que obtener luz verde en las Cortes. Montero dijo que espera que con este paso, «España pueda lograr el Presupuesto que se merece». La ministra no da nuevos detalles sobre el calendario con el que el Gobierno cuenta para tener unos nuevos Presupuestos. Se limita a decir que tienen previsto tenerlos aprobados antes del verano. Montero justificó no poder ir más allá por la falta de una mayoría parlamentaria de los dos partidos que forman el Gobierno.

Montero, acompañada por la vicepresidenta Nadia Calviño ha repetido que estos objetivos son adecuados para garantizar la estabilidad presupuestaria sin renunciar a la «seña de identidad de un Gobierno de progreso». Aunque el Gobierno se haya comprometido a cerrar 2019 con un déficit del 2% y del 1,7% este año, la mayoría de previsiones y de la propia Comisión Europea lo habían situado por encima del 2% para ambos años. Estos pronósticos han obligado al Ejecutivo, que también ha rebajado sus previsiones de crecimiento en dos décimas para 2020, al 1,6% (en línea con los pronósticos de los principales organismos internacionales), a buscar más margen.

La semana pasada, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera —la reunión entre las comunidades y el Estado para debatir asuntos de financiación autonómica—, Montero ya había suavizado los objetivos de déficit para las regiones, que para el año vigente estaban fijados en el 0%: estableció una meta del 0,2% para 2020, del 0,1% para 2021 y aplazó la estabilidad presupuestaria a 2022, en parte para compensar los 2.500 millones de IVA de 2017 que la Administración central no ha devuelto a las comunidades. Este lunes también flexibilizó la regla de gasto de los Ayuntamientos en una décima para 2020, hasta el 2,9%.

El objetivo de deuda queda fijado en el 94,6% para este año, con el compromiso de reducirlo de manera gradual a lo largo de la legislatura hasta situarlo por debajo del 90%: la meta es del 94,6% este año, del 93,4% para 2021, en el 91,7% para 2022 y 89,8% en 2023.

El nuevo techo de gasto anunciado este martes es el más alto desde 2015 y se eleva en virtud de las previsiones de crecimiento económico y de una mayor recaudación esperada para este año, incluida la aportación de las nuevas figuras fiscales que el Gobierno tiene previsto poner en marcha al margen de los Presupuestos y que, ha asegurado la ministra de Hacienda, no tendrán efecto retroactivo. «Es un techo de gasto razonable que creemos que cumple con las exigencias fiscales de Europa y dará capacidad para atender las prioridades que se marca el Gobierno», ha señalado Montero este martes. Esta herramienta, dirigida a evitar que el gasto de las Administraciones Públicas se dispare por encima de un determinado umbral y comprometa la salud de las cuentas del Estado, se calcula a partir de los ingresos estimados para el ejercicio y funciona como barrera para que se cumpla el objetivo de estabilidad.

Ahora, aprobada la nueva senda, el Ejecutivo de coalición tendrá que buscar los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados y en el Senado para seguir adelante con el diseño de las cuentas públicas.

8.000 millones de ajuste

Pese a que España haya logrado sanear sus cuentas, estas siguen siendo un enfermo que acaba de recibir el alta y al que los médicos vigilan de cerca. Tras esquivar por los pelos una sanción comunitaria por sus abultados números rojos, el año pasado salió finalmente del Procedimiento de Déficit Excesivo en el que la UE había puesto a los socios más rezagados con sus obligaciones fiscales. Pero la cura no ha acabado: ahora Bruselas pide a España un ajuste del 0,65% del PIB, equivalente a unos 8.000 millones de euros, para atajar el déficit estructural.

El Ejecutivo de Sánchez, que no logró aprobar su propuesta de Presupuestos y con ella las medidas que contemplaban para aumentar los ingresos, ya ha dejado claro que buscará negociar más flexibilidad con Bruselas, a su vez sumida en un debate en torno a las reglas fiscales comunitarias —que marcan un límite máximo de déficit sobre el PIB del 3% y del 60% para la deuda—. Y que ya ha reprendido a España en varias ocasiones por reducir a un ritmo demasiado lento su deuda y déficit. «La deuda de España desciende de forma muy lenta y el déficit también lo hace así hacia su objetivo a medio plazo», dijo la semana pasada el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

Fuente: El País