“El actual modelo de financiación permite que existan diferencias injustificadas entre comunidades autónomas, lo que ha contribuido a aumentar la percepción de desigualdad”. Con estas palabras, Montero introdujo este jueves ante la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados algunas de las cuestiones centrales que se incluirán en el debate sobre la reforma de la financiación autonómica, que el Gobierno pretende abordar en noviembre. Entre ellas señaló una distribución más eficiente de los recursos entre territorios, una reforma de los fondos de financiación y la posibilidad de armonizar los impuestos cedidos.

De esta manera, Hacienda incluye en sus prioridades un asunto que lleva años pendiente, la reforma del sistema de financiación, y a la vez desentierra el hacha de guerra contra las autonomías, encabezadas por Madrid, que aplican generosas deducciones y bonificaciones a los impuestos que tienen cedidos. En particular, en la diana están el gravamen sobre sucesiones y donaciones y el que grava el patrimonio.

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Montero, que ya había propuesto homogeneizar estos dos tributos y que nunca escondió su beligerancia hacia la política fiscal de Madrid, volvió este jueves a acusar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de dumping fiscal. “Las comunidades más pobres suben los impuestos porque no tienen capacidad de recaudación; Madrid puede bajarlos porque es la capital de España”, donde se concentra el grueso de la riqueza del país, zanjó. El consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, no tardó en disparar: “Hablan de armonización cuando en realidad lo que quieren decir es subirles los impuestos obligatoriamente a los madrileños”.

Antes de abordar este asunto, el Gobierno tendrá que aprobar unos nuevos Presupuestos y dar carpetazo definitivo a los de Rajoy, que llevan más de un año prorrogados. La ministra aseguró que la próxima semana se debatirá en el Congreso la senda fiscal y el techo de gasto que el Ejecutivo aprobó la semana pasada, y que se intentará “acelerar la tramitación parlamentaria para que los Presupuestos estén aprobados antes de que acabe el verano”.

Montero añadió que el Gobierno trabajará para mejorar la transparencia y rendir cuenta ante los ciudadanos sobre el gasto público. En este sentido, avanzó que a partir de 2021 se incluirán las conclusiones de la revisión sobre el gasto público elaboradas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

En cuanto a las nuevas medidas fiscales, la ministra se remitió al acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que incluye un tipo mínimo de sociedades del 15% para los grandes grupos, subidas del IRPF a las rentas altas, reducciones impositivas para las pymes o la introducción del impulso de la fiscalidad verde, entre otras medidas. También habló de la tasa Google, que el Ejecutivo aprobó la semana pasada y que ahora empezará su andadura parlamentaria. Ante las amenazas de Washington a los países que aprueben el impuesto digital, Montero insistió en que existe un diálogo fluido con EE UU y que se ha decidido aplazar a final de año el cobro de la tasa para dar margen a las negociaciones que tienen en marcha la OCDE y el G20 —y en las que participa EE UU— para diseñar un gravamen al nivel global.

La ministra, además, adelantó este jueves los datos provisionales de la recaudación por la lucha contra el fraude en 2019: más de 15.700 millones, un récord histórico y un 4,1% más que el año anterior. Montero recordó que este apartado representa una prioridad y que el Gobierno está elaborando un proyecto de ley que irá dirigido a impulsar este desafío. La nueva norma incluirá iniciativas como la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros entre profesionales, la prohibición de amnistías fiscales o una reforma de la lista de morosos, para que aparezcan los responsables solidarios y se rebaje el umbral de deuda a partir del cual Hacienda pueda incluir a los contribuyentes en esta lista negra desde un millón a 600.000 euros.

«Vamos a seguir impulsando la lucha contra el fraude fiscal y vamos a recuperar la progresividad de nuestro modelo para que aporte más quien más tiene», insistió Montero, quien recordó que el gasto público en España sigue más de cinco puntos por debajo del de la zona euro.

Fuente: El País