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El Corte Inglés, Inditex y los bancos esquivan el golpe de la ‘tasa Google’ española

El proyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se ajusta en gran medida a la propuesta planteada por la Comisión Europea el pasado marzo. El objetivo consiste básicamente en establecer un gravamen del 3% a los servicios de publicidad online, los servicios de intermediación online y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Se trata de gravar “servicios digitales en los que exista una participación esencial de los usuarios al proceso de creación de valor de la empresa y a través de la cual la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios”, señala el texto legal.

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El nuevo tributo, de carácter indirecto, recaerá sobre aquellas empresas con unos ingresos mundiales de al menos 750 millones de euros y una facturación en España superior a tres millones de euros. Se pagará el 3% por cada operación de publicidad, intermediación o venta de datos que realice la empresa.

La memoria del impacto normativo de la nueva ley señala que la recaudación potencial podría ascender a los 800 millones, unos 200 millones más que en una propuesta anterior porque se ha rebajado en España el umbral de actividad de seis millones a tres millones de facturación para que el tributo alcance también a las nuevas plataformas de transporte o alojamiento, como Uber, Booking o Airbnb. Fuentes de la negociación entre el PSOE y Podemos para acordar el proyecto presupuestario de 2019 aseguran que existe una nueva redacción del texto que eleva a más de 1.000 millones la recaudación.

Datos y publicidad ‘online’

La norma, que consta de 16 artículos y tres disposiciones finales, enumera en su artículo 6 las operaciones excluidas: “Las entregas de bienes o prestación de servicios entre usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea”. Según esta redacción, quedarían fuera las plataformas de compraventas de segunda mano. Tampoco se incluirían las ventas de bienes o servicios “contratados a través del portal web del proveedor (las operaciones minoristas de comercio electrónico), ya que para el minorista la creación de valor reside en los bienes y servicios suministrados y la interfaz digital se utiliza únicamente como medio de comunicación”. De esta forma, también quedarían fuera las empresas que solo utilizan sus webs para vender sus productos a través de comercio electrónico y no vendan espacios de publicidad, como las marcas del grupo Inditex, El Corte Inglés y cualquier otra empresa que solo use sus plataformas digitales para vender sus stocks. Estas empresas tendrían que tributar, sin embargo, si venden datos de sus clientes o alojan publicidad ajena en sus plataformas digitales.

9 de septiembre de 2017. Alemania, Francia, Italia y España enviaron una carta al presidente del Eurogrupo en la que le proponían lanzar un plan para que los gigantes de Internet paguen más impuestos. La propuesta consistía en que las corporaciones tecnológicas, como Google, Amazon o Facebook, tributen por el volumen de negocios.

21 de marzo de 2018. La Comisión Europea aprobó un proyecto de directiva que permite a los estados gravar a las tecnológicas.

30 de abril de 2018. El Gobierno de Rajoy envía el programa de estabilidad 2018-2021 a Bruselas. El documento incluía por primera vez el nuevo impuesto sobre servicios digitales.

11 de octubre de 2018. El pacto presupuestario entre el PSOE y Podemos recoge la tasa Google.

El artículo 6 de la ley establece otros supuestos de no sujeción del impuesto. “Las prestaciones de servicios de intermediación online, cuando la única finalidad de dichos servicios prestados por la entidad que lleve a cabo la puesta a disposición de una interfaz digital sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles servicios de comunicación o pago”. Este artículo excluiría a plataformas como Movistar Tv, Netflix, u otras que ofrezcan películas, series, deportes o música, siempre que no comercialicen con los datos de sus usuarios. No obstante, estas plataformas están empezando a comercializar publicidad que sí estaría gravada. Quedarían fuera del impuesto los bancos digitales o filiales de los tradicionales como Openbank, del Santander.

Escaparates

Por el contrario, el nuevo impuesto afectará a empresas cuyo negocio se base en “una interfaz digital, de publicidad dirigida a usuarios (servicios de publicidad online), la puesta a disposición de interfaces digitales multifacéticas que permitan a sus usuarios localizar a otros usuarios o interactuar con ellos, o incluso facilitar la entrega de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios (servicios de intermediación online) y la transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales o venta de metadatos (servicios de transmisión de datos)”. Según esta descripción, empresas como Google, Facebook o Amazon tendrían que tributar. Aunque esta última solo por la parte de “market place”, el negocio en el que ofrece su plataforma para que otros comercios ofrezcan sus productos y usen la web de Amazon como escaparate.

“No me gusta dar nombres, pero se trata de intermediación que ponga en conexión comercio con una persona en particular y se descartan plataformas que ponen en contacto ciudadanos con ciudadanos, tampoco hace falta que diga el nombre de esa plataforma. También tributará la venta de datos”, explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el jueves al presentar el tributo, en referencia a Amazon.

Montero precisó que gravar la intermediación “es una demanda que viene planteada por parte del sector el comercio tradicional. Este sector cree que tienen una mayor fiscalidad que los que se mueven en el entorno digital donde la fiscalidad no se adapta tan bien. Y entienden que hay una competencia desleal”.

Una recaudación de entre 600 y 1.500 millones

El impuesto sobre servicios digitales fue anunciado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en la primavera pasada, después de que la Comisión Europea recomendara implantarlo. El Ejecutivo popular incluyó el impuesto en el programa de estabilidad 2018-2021 que entonces remitió a Bruselas. En ese documento aseguraba que podría recaudar unos 600 millones de euros este mismo año por el nuevo tributo y otros 1.500 millones en 2019, cuando pudiera aplicarse durante todo un ejercicio completo.

El anteproyecto de ley sobre el impuesto de servicios digitales, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que “la posible recaudación potencial que generará este nuevo tributo se situará aproximadamente en torno a los 600 millones de euros anuales, como ya se avanzó a la Comisión Europea. Cantidad que, dada la minoración del umbral de actividad en España, podría ascender a los 800 millones de euros”. Pero fuentes de la negociación entre el Gobierno del PSOE y Unidos Podemos para sellar el acuerdo del marco presupuestario de 2019 elevan la recaudación hasta algo más de 1.000 millones de euros.

De hecho, el secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, detalló en Twitter que este impuesto aportaría unos 1.200 millones de euros a las arcas públicas. Habrá que esperar al lunes para que la ministra de Hacienda ofrezca la cifra definitiva.

Fuente: El País

By |2018-10-13T09:21:54+00:00octubre 13th, 2018|Actualidad de Empresas, Actualidad Económica, EL PAÍS|Comentarios desactivados en El Corte Inglés, Inditex y los bancos esquivan el golpe de la ‘tasa Google’ española