Que el japonés Takeshi Otsuda y otros varios empresarios que operan en esta Zona de Libre Comercio no quieran hablar con su nombre real muestra lo delicado del asunto. El Gobierno chino había vendido el proyecto como la panacea para los bancos extranjeros: sería un sitio donde -a diferencia del resto de China continental- el dinero circularía sin límites, las tasas de interés no estarían controladas y la moneda del país, el yuan, fluctuaría libremente. El objetivo era convertir Shanghái en un imán de las finanzas globales, al nivel de Hong Kong o Nueva York, para el año 2020. Con el plazo a punto de cumplirse, Otsuda dice que su oficina se mantiene allí solamente por razones políticas. “Tenemos ciertos beneficios fiscales, pero nada más”, asegura este gestor.

Seis semanas después de que en 2013 se inaugurara a bombo y platillo la Zona de Libre Comercio, el Partido Comunista aprobó un documento marco sobre el devenir de su política económica. En el texto, el régimen incluyó una referencia hasta entonces inédita que otorgaba a las fuerzas del mercado un papel “decisivo” en la asignación de recursos. Muchos dentro y fuera de China vieron en esta frase el portazo final a la economía planificada. Los organismos financieros internacionales y centros de estudio se mostraron eufóricos y revisaron al alza las perspectivas del país a largo plazo, apuntando que más temprano que tarde China superaría a Estados Unidos como primera economía mundial. La condición necesaria era que esta cláusula se hiciera realidad.

China ha experimentado una expansión económica envidiable durante los últimos seis años. Pese a la ralentización, el país crece a unas tasas aún altas y las autoridades han demostrado ser muy eficaces en apagar fuegos. En el último lustro, Pekín ha sobrevivido a una enorme burbuja inmobiliaria, a una crisis bursátil o a un aumento de la deuda que, en términos relativos, es similar al que se llevó por delante a Irlanda o a España en plena crisis financiera internacional. El noreste de China, una región de más de 100 millones de personas, sufrió un severo golpe en 2016 que desembocó en una recesión por su dependencia de la industria pesada o del carbón, sectores denostados que no entran en los planes de la China del futuro. La rápida recolocación de millones de trabajadores evitó allí protestas significativas que desembocaran en la temida inestabilidad social. En definitiva, y pese a riesgos latentes, China no ha sufrido el tantas veces pronosticado aterrizaje brusco y tiene al alcance de la mano el objetivo de que en 2020 se doble el PIB per cápita en comparación con el nivel del año 2010.

La reestructuración del modelo económico del país también avanza. El potente sector exportador ya no es tan decisivo y el consumo interno aporta ya un 76,2% del crecimiento económico frente al 47% del año 2013. La confianza de la clase media -que según estimaciones oscila entre los 200 y los 600 millones de personas- es alta en una generación que ansía gastar y se ha criado en el optimismo al vivir claramente mejor que sus padres, ya sea en el campo o en la ciudad. En el mundo corporativo, el sector privado chino es vibrante y varias compañías se han hecho un hueco en los mercados internacionales por su capacidad de innovación, algo impensable hace solamente una década.

Ante este panorama, cabe preguntarse el porqué de la desazón que se palpa, entre otros muchos sitios, en la Zona de Libre Comercio de Shanghái. La razón es que este dinamismo convive aún con los tentáculos de un Partido Comunista que lo abarca casi todo. China tiene unas 150.000 empresas estatales. Es una cantidad ínfima en comparación con el total de compañías que existen en el país, pero su poder es abrumador. Actúan en un régimen de casi monopolio en industrias clave, de las telecomunicaciones a la energía, y pese a ser menos eficientes y productivas nadie puede competir contra ellas por la protección del Partido. Su gobernanza se basa en objetivos políticos, lo que provoca que cada año centenares de buenos administradores que trabajan en ellas opten al final por pasarse al sector privado ante la frustración de ver cómo las decisiones no se toman por criterios puramente empresariales.

MÁS INFORMACIÓN

El sector financiero, también en manos del Estado, reparte el crédito de forma desproporcionadamente favorable a estos grupos estatales. Las pequeñas y medianas empresas se encuentran con enormes dificultades para financiarse, lo que las ha llevado durante años a pedir prestado a la llamada banca en la sombra, intermediarios que no están sujetos a prácticamente ninguna regulación. Las autoridades, temerosas de un colapso generalizado de este sistema informal, iniciaron una agresiva campaña hace dos años para terminar con el sector, algo que ha puesto en serios aprietos a muchas compañías porque no pueden financiarse y profundizado su visión de que el Gobierno las discrimina.

Sobre el sistema financiero chino, el Banco Mundial decía lo siguiente en un informe del año 2015: “En todo el mundo, el Estado es importante para los sistemas financieros como promotor estratégico, propietario y regulador. Sin embargo, estos roles están mal alineados en China, especialmente el de promotor: en lugar de promover las bases para un desarrollo financiero sólido, el Estado ha interferido de manera extensa y directa en la asignación de recursos a través de controles administrativos y de precios, garantías, pautas al crédito, políticas regulatorias y propiedad ubicua de las instituciones financieras. Este nivel de intervención no encuentra comparación con ninguna de las economías de mercado modernas”. Nada ha cambiado desde que se escribieron estas líneas, más allá de que la oficina del Banco Mundial en China ha recibido fuertes presiones por parte de Pekín para que module el lenguaje de sus informes, según confirman dos economistas que han trabajado allí en distintos periodos durante el último lustro.

Y es que, pese a la promesa de reformas, los primeros seis años de mandato de Xi Jinping se han caracterizado por la falta de ellas. Las autoridades, ante la difícil elección entre promover cambios estructurales, cuyos efectos no son inmediatos, o mantener un crecimiento económico medio-alto, han apostado claramente por lo segundo. Se ha avanzado en cuestiones superficiales como el recorte de burocracia o facilitación del comercio de mercancías –en la Zona de Libre comercio de Shanghái, por ejemplo, los trámites de aduanas se han simplificado considerablemente-, pero otras áreas mucho más críticas para el reequilibrio y la salud de la economía china a largo plazo se han pasado por alto. En ciertos ámbitos incluso ha ocurrido una involución, como es el caso de las mencionadas empresas estatales. China ha apostado por crear “campeones nacionales” de titularidad pública, impulsando fusiones en sectores como el siderúrgico, el ferroviario o la energía nuclear. “Los argumentos que defienden que deberíamos reducir el papel de las empresas de propiedad estatal son erróneos. Éstas deben ser más fuertes, mejores y más grandes”, ha dicho el presidente Xi.

“El pragmatismo ha sido durante mucho tiempo una característica básica del proceso de reformas en China. A veces, retroceder es inevitable. Aunque el proceso de reforma no es del todo satisfactorio y muchos en China tampoco están conformes con su velocidad, creo que el Gobierno no tiene la intención de cambiar sus promesas. Necesitamos ser más pacientes”, asegura Yu Yongding, investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, que ha aconsejado a Pekín en materia económica durante años. Por ejemplo, dice el académico, el proceso para abrir paulatinamente la cuenta de capital y permitir que el dinero fluya libremente entre China y el extranjero se ha visto mermado por las fugas masivas derivadas de la crisis bursátil de 2015.

Otro de los puntos en los que apenas ha habido avances en el último lustro es en la apertura al capital foráneo de sectores protegidos. China ha flexibilizado sus restricciones en el sector bancario y en el del automóvil, pero los empresarios consideran que estos cambios saben a poco y llegan tarde. “Son reformas marginales y en áreas en las que el país ya ha alcanzado una posición dominante, con lo que su apertura no tiene un impacto en la industria. La estrategia parece basarse en retrasar el acceso al mercado hasta que las compañías locales sean tan fuertes que las extranjeras no puedan competir contra ellas. Las autoridades son muy selectivas sobre qué sectores abren y cuándo”, afirma Tim Stratford, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China.

En sus discursos, Xi Jinping ha dejado claro en repetidas ocasiones que el futuro del desarrollo económico del país va de la mano de un Partido Comunista omnipresente, con lo que se ha instalado la visión de que el hombre con más poder en China de los últimos 40 años apuesta por un sistema autoritario y más conservador también en lo económico. Alicia García-Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis, considera que la tendencia de los últimos años en China es paradójica: “Creíamos que, a medida que la economía se desacelerara, las autoridades la abrirían más. Pero resulta que el Partido tiene más miedo, porque no está claro que una apertura sea beneficiosa para sus intereses. Pekín es consciente que cada vez va a poder dar menos a los ciudadanos, con lo cual hay un mayor miedo a liberalizar porque supone una pérdida de control. Cuando uno mantiene el poder, las empresas, los bancos,… todo el mundo te hace caso. Pero una vez lo pierdes, la fidelidad se va. El miedo no es solamente a una crisis económica, sino también al fin del Partido”.

Esta tendencia en China ha llevado tanto a Estados Unidos como a Europa a establecer un punto de inflexión en sus relaciones con el gigante asiático. Donald Trump, pese a usar métodos de negociación poco ortodoxos como la guerra comercial, ha logrado que Pekín se siente a negociar ante unas prácticas desleales que antes negaba y ahora dice combatir, como es el caso de las transferencias forzadas de tecnología de empresas extranjeras a locales. El quid de la cuestión, sin embargo, está en si China aceptará compromisos que la fuercen a cambiar un modelo que no parece ir encarado hacia la dirección que Washington y Bruselas esperaban.

“Que se olviden si creen que en China cambiaremos nuestra forma de hacer las cosas por presiones externas. Muchos en Europa o Estados Unidos temen el ascenso de China y les gustaría que estuviéramos en problemas. No vamos a aceptar nada que nos perjudique, no repetiremos los errores de Japón”, dice Chen Fengying, exdirectora del Instituto de Economía Mundial, un centro de estudios vinculado al Gobierno chino.

Mencionar lo que ocurrió en el país vecino es algo recurrente entre los funcionarios chinos. En 1985, en plena pujanza de Japón como segunda economía mundial, Tokio firmó con Estados Unidos y otras potencias europeas los Acuerdos Plaza, por los cuales se comprometió a un ajuste de su divisa que la apreció más de un 50% frente al dólar. La súbita pérdida de competitividad del potente sector exportador nipón llevó al país hacia una política monetaria expansiva que cinco años después terminó con la explosión de una inmensa burbuja bursátil e inmobiliaria. El estallido frenó bruscamente el hasta entonces imparable ascenso de Japón. Curiosamente, uno de los miembros de la delegación estadounidense en esas conversaciones con Tokio fue Robert Lighthizer, actual representante de Comercio de la administración Trump y hombre clave en las negociaciones con China.

Pekín, pese a las presiones, parece decidido a seguir su propio camino, la llamada vía china. “Nadie está completamente seguro de cuál será exactamente el modelo final de la economía china. Es bastante probable que se trate de una economía de mercado en la que el Estado jugará un papel complementario para corregir las distorsiones del mercado y remediar sus fallos”, dice Yu, el economista asesor de las autoridades chinas.

Los resultados de la vía china a largo plazo son una incógnita, pero lo que está claro es que, de momento, el Partido prioriza su continuidad por encima del potencial progreso económico del país que dirige. La consultora Capital Economics trabaja ya en un escenario en el que Pekín no acometa estas reformas pro-mercado y el crecimiento del país se reduzca gradualmente hasta el 1,5% en el año 2035. En este caso, China no llegaría a sobrepasar a Estados Unidos como primera economía mundial en valor nominal, prevé el análisis. Sin estos cambios, la persistencia de problemas estructurales como el declive demográfico o la caída de la productividad –más otros derivados de los estímulos durante la última década como la deuda-, impedirían la culminación del ascenso chino.

“Algunos argumentan que un crecimiento más débil hará que el Gobierno cambie de rumbo y emprenda las reformas necesarias para evitar la desaceleración. Es algo posible. Sin embargo, creemos que es más probable que Pekín acepte que un crecimiento más lento es un precio que vale la pena pagar para evitar abrir su economía y disminuir su poder”, apunta Victoria Redwood, economista sénior de la firma.

Este supuesto, sin embargo, cambia con pequeños ajustes: si China se desacelerara hasta un ritmo de expansión algo más alto, de alrededor del 3%, sí lograría superar a Estados Unidos, aunque solo ligeramente. La clave, según los analistas, es que si nada cambia en Pekín es poco probable que China emerja como la nueva gran y única superpotencia hegemónica del planeta. “Vamos encaminados a un mundo con dos econonomías grandes con estructuras económicas muy distintas. Por un lado, estára Estados Unidos, con una economía de libre mercado y desregulada; por otro, el capitalismo de Estado de China”, explica Redwood. Para García-Herrero, de Natixis, el ascenso de China como primera economía mundial es inexorable, aunque no tanto por méritos propios sino por el hecho de quedarse sin enemigos. “Con otra potencia que estuviera a la altura, Pekín lo tendría muy difícil. Se lo estamos poniendo muy fácil”, afirma.

La vía china, pese a los enormes interrogantes que la rodean, despierta también muchas lealtades. Aunque se muestre decepcionado, Takeshi Otsuda no se plantea que la entidad en la que trabaja abandone la Zona de Libre Comercio en Shanghái, y mucho menos el país: “Nadie, absolutamente nadie, hubiera previsto hace quince años que China se convertiría en lo que es hoy. Nos guste o no su camino, es el que sus líderes están eligiendo. Esperemos que les salga bien”.

Un país en construcción

Pese al rápido crecimiento de las últimas décadas, China sigue siendo un país en vías de desarrollo. El PIB per capita alcanzó los 64.644 yuanes (unos 8.500 euros) en 2018, lejos aún de los casi 26.000 euros de España o los 57.000 de EE UU. La paulatina desaceleración de su economía no evitará que esta brecha siga reduciéndose, pero más lentamente. El peligro, según los expertos, es que China caiga en la llamada trampa de ingresos medios, que se estanque en un punto en el que aún no haya logrado convertirse en un país desarrollado. Otros países asiáticos como Japón, Taiwán o Corea del Sur también frenaron tras décadas de rápida expansión, pero lo hicieron después de cosechar ese preciado estatus.

Una desaceleración antes de lo que convendría podría exacerbar algunos problemas de un país aún en construcción. China ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza extrema en los últimos 40 años y Pekín tiene al alcance de su mano acabar con esta lacra —quedan 16 millones de ciudadanos que viven con menos de 4.000 yuanes al año, unos 530 euros—.

Pero queda mucho por hacer. A seguir subiendo el nivel de vida se le añade el reto de reducir la enorme desigualdad de ingresos, particularmente entre los ciudadanos urbanitas y los que residen en el campo. Mientras en las grandes urbes se alzan enormes rascacielos en impresionantes centros financieros y centros comerciales de lujo, miles de pueblos siguen sin servicios tan básicos como el alcantarillado o la recogida y gestión de residuos. China tiene que avanzar en políticas de redistribución. Existen dotaciones específicas contra la pobreza, pero el sistema fiscal se basa aún en gran medida en impuestos indirectos como el IVA. Las ganancias de los más ricos apenas son gravadas y no se aprueba una tasa a la compraventa de inmuebles ante el miedo de que afecte negativamente al sector. El Estado de bienestar es débil en el campo.

Fuente: El País