El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) arranca este viernes en un ambiente enrarecido. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció el pasado martes que convocaría la reunión para presentar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas y el límite de gasto no financiero, conocido popularmente como techo de gasto y paso previo para dar el pistoletazo de salida a los Presupuestos. Pero las autonomías exigen que también otros asuntos, que no han sido incluidos en el orden del día, estén encima de la mesa. Uno sobre todo: la devolución del IVA de 2017.

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Las comunidades reclaman que Madrid les devuelva los 2.500 millones de euros de la liquidación de un mes de IVA de 2017 que les corresponde. Ese año empezó a funcionar un nuevo sistema electrónico para la gestión de este tributo (Suministro Inmediato de Información o SII), que causó un desfase de un mes en las autoliquidaciones llevando a las regiones a ingresar un menos de impuesto. La ministra de Hacienda ha avanzado en varias ocasiones que esta cuantía no se devolverá, al haber pasado el plazo legal para su reintegro. 

Esta y otras razones han contribuido a que las comunidades autónomas lamenten que el diálogo con Hacienda no está siendo fluido, con un 2019 marcado por choques y retrasos las entregas de fondos. El año pasado tampoco se convocó el CPFF, el cónclave donde Estado y autonomías se reúnen para debatir la financiación regional, algo que llevaba dos décadas sin ocurrir.

El Gobierno  ha justificado esta falta de fluidez alegando que permaneció durante un largo periodo en funciones. En cuanto al IVA, la ministra de Hacienda subrayó varias veces que su reembolso estaba contemplado en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) elaborada por el Gobierno y que la oposición tumbó a finales de 2018.

Pero la bronca y va más allá del color de los Gobiernos regionales. Después de que Cataluña y Madrid cumplieran con su amenaza de llevar a Hacienda a los tribunales por el IVA no ingresado, otras comunidades desafiaron al Gobierno anunciando que tomarían la vía legal. Andalucía, Murcia y Galicia, todas gobernadas por el PP, ya han iniciado los trámites, un proceso que tampoco descartan algunas de las regiones lideradas por el PSOE, como Extremadura o Castilla La Mancha. Montero, en un intento para rebajar la tensión, aseguró el miércoles que estaba dispuesta a estudiar «medidas paliativas» sobre la liquidación del tributo.

En cualquier caso, fuentes de diversas consejerías de Hacienda regionales han asegurado que en el CPFF de este viernes, que se reúne a partir de las 16.30, habrá espacio para discutir el tema de IVA. Habrá además comunidades, como Madrid, que denunciarán que se ha producido un recorte de 120 millones de euros con respecto a lo previsto en las entregas a cuenta, el dinero que cada año reciben las comunidades en función de la previsión de recaudación.

Senda de déficit

En la reunión del CPFF de este viernes se presentará la nueva senda de estabilidad con los objetivos de déficit y deuda pública de cada administración para este año y el periodo 2021-2023. La senda actualmente en vigor es la de 2018 que aprobó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. Esta prevé para 2019 un desfase del 1,3% y para 2020 de tan solo el 0,5%, algo inalcanzable según todas las previsiones, que vaticinan que el año pasado cierre con un desajuste por encima del 2%.

Las consejerías regionales de Hacienda pronostican que habrá una relajación en los objetivos de déficit -fijados para las regiones en el 0,1% para 2019 y en el 0% para 2020, según el plan actualmente en vigor diseñado por el anterior Gobierno-, tal y como dejó entender la ministra de Hacienda en su toma de posesión en enero, cuando aseguró que el Ejecutivo negociaría con Bruselas la nueva senda.

El ministerio no tendrá problema en aprobar su hoja de ruta en el Consejo de Política Fiscal, al tener el 50% de los votos, pero después deberá presentarlo a las Cortes y conseguir los apoyos necesarios.

Un asunto que probablemente se quedará en el tintero es la actualización del sistema de financiación regional, pendiente desde 2014. Pedro Sánchez anunció que iba a ser una las prioridades de su mandato para después tener que recular. A ello se añade la incógnita de Cataluña. Su consejero de Hacienda, que lleva desde 2016 sin asistir al CPFF, tampoco estará presente este viernes en la reunión.

El conflicto del IVA en siete preguntas

EFE

La reclamación de las comunidades autónomas al Gobierno de unos 2.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de 2017 se ha recrudecido en las últimas semanas con la amenaza de llevar el caso a los tribunales. Los representantes de las comunidades autonomías demandarán al Ministerio de Hacienda una solución en la reunión de esta tarde del CPFF, convocada para informar a las autonomías de la nueva senda de déficit público. Estas son algunas claves sobre este conflicto:

– ¿Qué ocurrió en 2017? El Gobierno, entonces del PP, puso en marcha un nuevo sistema de gestión del IVA ,el suministro inmediato de información (SII)- que, entre otras cosas, amplió el plazo para que las empresas liquidaran el impuesto. Esto supuso que la recaudación de noviembre, que normalmente se ingresaba en el mes de diciembre, lo hiciera en enero, una vez que el ejercicio estaba cerrado.

-¿Afectó este cambio a las cuentas públicas? No, porque la contabilidad nacional aplica el principio de devengo, es decir, contabiliza los ingresos cuando se genera la obligación, independientemente de cuándo se paguen.

-¿Y afectó a las comunidades autónomas? En ese momento, tampoco. Las comunidades autónomas reciben cada año la mitad de la recaudación de IVA, pero para no tener que esperar al cierre del ejercicio, el Estado les adelanta lo que calcula que les va a corresponder por este concepto y liquida dos años después. Como el cálculo de 2017 se hizo antes del cambio normativo, las regiones recibieron todo lo que les correspondía en concepto de adelanto (12 meses de recaudación) sin tener en cuenta lo efectivamente cobrado (11 meses, todos menos noviembre, que había pasado a 2018).

-Entonces, ¿por qué se genera un conflicto? Porque cuando en 2019 llegó el momento de liquidar el ejercicio 2017 y hacer balance entre lo que se adelantó y lo efectivamente ingresado, las comunidades solo podían computar 11 meses de recaudación de IVA (al haber perdido noviembre, que pasó a 2018) y no los 12 meses habituales, un desfase que cifran en unos 2.500 millones de euros. Las regiones no tuvieron que devolver dinero al Estado, ya que al incorporar todos los conceptos la liquidación del ejercicio fue positiva para las comunidades autónomas, aunque en menor medida que otros años.

-¿Ha habido algún intento de resolver esta situación? Sí. El proyecto presupuestario de 2019 pretendía modificar los plazos de pago de IVA de las empresas, de manera que la liquidación de noviembre volviera a abonarse en diciembre. Esto suponía que de manera excepcional 2019 tendría una recaudación de este impuesto equivalente a trece meses, ya que computaría tanto noviembre de 2018 (abonado en enero de 2019) como noviembre de 2019 (abonado en diciembre de 2019), lo que de alguna manera compensaría a las comunidades autónomas por el mes perdido de 2017 que liquidaban ese año. El rechazo de los presupuestos y el largo periodo de interinidad del Gobierno impidió que esta medida se pusiera en marcha a tiempo, antes de que acabara 2019.

-¿Cómo han reaccionado las comunidades autónomas? Las reiteradas peticiones de que se reintegre la recaudación que se considera pendiente han subido de nivel en las últimas semanas, ya que las comunidades autónomas han planteado la posibilidad de recurrir a la vía judicial para lograrlo.

-¿Y qué dice el Gobierno? El Ejecutivo insiste en que, una vez cerrado el ejercicio 2019, ya no es posible reintegrar esas cantidades, aunque abre la puerta a estudiar «medidas paliativas» que no detalla.

Fuente: El País