El BBVA ha enviado a la Audiencia Nacional un escrito donde resume su trabajo en la investigación del caso Villarejo. El texto se refiere a las averiguaciones que hizo Francisco González cuando era presidente del banco, entre junio y diciembre de 2018, tras publicarse los pagos millonarios al comisario jubilado José Manuel Villarejo. El BBVA admite ahora que “este trabajo” fue una “recopilación, que no consistió aún en una investigación interna en sentido estricto”.

El verano de 2018 fue prolijo en publicaciones de facturas de cuantiosos pagos del BBVA a Villarejo. Desde el entorno del banco se admitió que el BBVA representaba casi el 80% de la facturación de Cenyt, la empresa de Villarejo, un policía que había realizado pinchazos telefónicos a empresarios, políticos y periodistas supuestamente por orden de la entidad.

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Ante esta situación, el banco pilotado entonces por González, dijo: “En junio de 2018 se inició una investigación sobre la contratación y los servicios prestados” por Cenyt, a la que pagaron 10,28 millones.

Sin embargo, en el escrito enviado ahora a la Audiencia se reconoce que no hubo tal pesquisa. Se admite que la verdadera investigación no se inició hasta final de enero de 2019, casi ocho meses después de la aparición de las primeras noticias de prensa.

“El resultado de este trabajo de recopilación y análisis se describió en detalle en el acta del Comité Global de Corporate Assurance de 22 de octubre de 2018”, afirma la entidad. “Una de las decisiones que tomó este Comité fue solicitar al área de Auditoría Interna la revisión de los documentos y las comprobaciones necesarias, lo que así hizo Auditoría Interna hasta que, a finales de enero de 2019, empezó la investigación interna propiamente dicha con la contratación de PwC”.

También es llamativo que esta “recopilación de documentación para esclarecer en qué había consistido la contratación de Cenyt”, según el documento del banco, se lo solicitaran al departamento de Auditoría Interna. Al frente de esta división está Joaquín Gortari, el que fuera durante muchos años jefe del gabinete de la Presidencia de Francisco González.

Las investigaciones que constan en el sumario, al que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran que Gortari tuvo acceso a contratos del banco con Cenyt, e incluso que el jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, tenía relación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, porque así se lo dijo en diferentes mensajes escritos.

En el texto del banco no se dice nada sobre si el consejo de administración, sobre todo la comisión de Auditoría y Cumplimiento, tomó iniciativas de peso ante la gravedad de las noticias publicadas, que no fueron desmentidas por la entidad.

Según el reglamento de esta Comisión, una de sus funciones es “velar por el cumplimiento de la normativa aplicable”, así como “supervisar el modelo de prevención del delito de BBVA” o que funcionen los mecanismos para que “los empleados puedan comunicar, de forma confidencial, las irregularidades que adviertan en el banco”.

Sin noticias del consejo

No deja de ser relevante que González, en diciembre de 2018, tras realizar la recopilación de documentos, declarara a EL PAÍS que “este tema”, en referencia a Villarejo, “para mí no tiene relevancia”, “se han hecho las cosas como hay que hacerlas”.

Otro de los temas que reconoce el escrito es que el banco frenó la investigación forensic por la investigación judicial, ya que imputaron a varios directivos. El BBVA también aclara que no fue posible realizar “las entrevistas de confrontación una vez obtenida la evidencia digital, dado que cuando la entidad recibió la misma de manos de PwC en el mes de julio de 2019”, llegó la imputación de varios empleados, “lo que hizo inviable realizar dichas entrevistas”, admite el banco.

“No se ha procedido a la grabación de las entrevistas, ni tampoco se ha levantado acta alguna de su contenido. Las entrevistas se han llevado a cabo sin una estructura cerrada o previamente definida, por lo que tampoco se han manejado pliegos de preguntas ni cuestionarios”, añade.

Por eso, el BBVA solo realizó entrevistas previas, que tuvieron “carácter preliminar”. “Su finalidad era obtener información general sobre los hechos que permitiera guiar la búsqueda de evidencias. No se hicieron actas de esas entrevistas por ese carácter preliminar y porque se pretendía que las personas entrevistadas se expresaran de forma espontánea”, concluye la entidad.

Incumplimientos de normas sí, pero no delitos

En el escrito que el BBVA ha enviado a la Audiencia Nacional, la entidad admite: “La investigación interna ha puesto de manifiesto incumplimientos que hemos comunicado a este Juzgado. Con la información de la que ahora disponemos no consideramos que esas irregularidades sean constitutivas de delito, pero eso no significa que no haya habido incumplimientos de las normas y protocolos internos de la entidad que han hecho necesario tomar medidas disciplinarias”. Hasta ahora, la única persona despedida de forma fulminante ha sido Antonio Béjar, exjefe de Riesgos de BBVA España. Sin embargo, en el juicio laboral, el banco admitió pagarle 1,7 millones.

Fuente: El País